Los últimos episodios de amenaza contra los sistemas democráticos en Latinoamérica ponen de relieve que aún no se agotan las ambiciones de retener el poder político a toda costa, ni los ensayos antidemocráticos para concretar ese profundo deseo de políticos que responden al viejo paradigma.
En Venezuela se ha visto cómo, en medio de un caos generalizado, dos poderes se confabularon para lograr la desaparición del tercero, el Poder Legislativo, en una maniobra criticada hasta por los aliados del régimen de Nicolás Maduro. En Paraguay, la voracidad por la continuidad en el poder del presidente Roberto Manuel Carlés llevó a realizar sesiones clandestinas del Senado con el propósito de aprobar esa resistida medida parlamentaria, a incendiar el Congreso y a dejar un muerto como saldo de un enfrentamiento.
En ambos casos estuvo en juego la democracia. La codicia por el poder no es privativo ni del populismo ni de la derecha, es parte constitutiva de la política ejercida por seres humanos que desconocen los límites de la dinámica democrática y pretenden anularlos de cualquier manera.
Ése parece ser el riesgo que corren por estos tiempos los países latinoamericanos, donde hasta se ha llegado a la destitución de una presidenta electa en las urnas, Dilma Rousseff, con insuficientes acusaciones y pruebas endebles de corrupción. Sus más temibles acusadores hoy están entre rejas.
Conviene reflexionar sobre estas novedosas modalidades que debilitan la democracia, especialmente en Argentina, donde la ausencia de una mayoría representativa y de liderazgos intachables deja espacio para que distintos sectores con relativo poder improvisen una suerte de desgaste por cansancio al gobierno de turno.
La memoria puede ser una aliada en estos momentos para revisar las interrupciones democráticas. El final del gobierno de Raúl Alfonsín se recortó seis meses antes por la imposibilidad de dar un cauce apropiado a la economía del país, sumido en la hiperinflación que devastó a la población. En esa instancia, el peronismo en la oposición puso su grano de arena para adelantar la caída y la entrega del mando al presidente electo Carlos Menem antes de la debacle.
En los cuatro años de alfonsinismo el peronismo –con otra vitalidad- se había puesto de pié para volver al poder. La Argentina transitó dos años de menemismo en los que los salarios cayeron a niveles insostenibles y hasta el propio jefe de estado creyó que no iba a poder domar ese potro mal avenido. La formulita de Domingo Cavallo –del uno a uno- abrió el camino y los argentinos comenzaron a vivir otra vez en el mejor de los mundos gracias a la Convertibilidad.
En los dos años de presidencia de Fernando De la Rúa se prolongó inadecuadamente esa Convertibilidad y fue ella, de la mano de su propio creador, la que causó la caída del gobierno de la Alianza pese a todas las recomendaciones que recibió el entonces presidente para cambiar ese rumbo económico.
Las manifestaciones multitudinarias del 2001 en contra del “corralito”, el “corralón”, y las restricciones bancarias, exacerbaron los ánimos porque se había “tocado el bolsillo” de la gente. Las versiones indican que en algunas provincias y el conurbano bonaerense el peronismo hizo otros “aportes” para la caída, pero lo cierto es que esa eventual confabulación contó con la participación de Raúl Alfonsín para que el peronista Eduardo Duhalde asumiera provisionalmente el gobierno. Duhalde y un equipo destacable de técnicos y economistas enderezaron el timón de un barco a la deriva.
En ambos casos, la democracia sufrió ciertas laceraciones pero no murió.
En los primeros meses de 2017 se desencadenaron nutridas marchas de reclamo al gobierno por diversos motivos. Los descontentos están fogoneados por el kirchnerismo residual y una izquierda que quedó al desamparo del poder después de diciembre de 2015. Hacen lo mejor que saben hacer: convocar y llevar gente a la Plaza de Mayo. Un viejo método arrogado como propio por el populismo para hacer sentir su disconformidad.
La profusión de movilizaciones parecieran tener un objetivo sucedáneo: volver locos a todos los que viven y trabajan en la ciudad de Buenos Aires porque son “burgueses”. El cronograma de marchas ya está completo por lo menos hasta las elecciones de medio tiempo. De lunes a viernes, el objetivo es apropiarse de la calle y marchar para debilitar al gobierno de Cambiemos, aunque no lo confiesen. “Vamos a volver”, se les escucha gritar a los vestidos con o sin guardapolvo blanco.
Sin embargo, no existe más el “patrón de la vereda” (o de la calle), ese juego infantil de las viejas generaciones. El sábado 1 de abril, otra multitud inesperada y con un comportamiento diferente también tomó la calle y armó un inmenso “call center” desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo. Mucho más pacíficos y menos agresivos que los populistas salieron a dar su apoyo al gobierno y a la democracia. Huérfanos de conducción pero con la convicción de defender al gobierno y a la democracia, salieron autoconvocados a través de las redes y con carteles improvisados. Cantaron el himno hasta más no poder y se dieron el gusto de enviar algún mensaje a quienes marchan de lunes a viernes: “No van a volver”, les dijeron.
Mientras todo esto constituya un afán de demostración cívica, gremial o política, y las marchas se mantengan dentro de la cordura, la democracia argentina no corre riesgos. Sólo el tránsito y el desplazamiento de millones de personas trabajadores se ven afectados, pero la reiteración desmedida de esta metodología ya genera un humor de perros.
Argentina no es Venezuela, y eso ya quedó demostrado. Tampoco es Paraguay. No obstante, el mundo, en general, está cambiando tanto que es preferible advertir sobre eventuales e indeseados rumbos para que no tomen por sorpresa.