Además del peso geográfico y electoral, casi un 40 por ciento del padrón total de votantes, la victoria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires fue trascendental por la llaga política que abrió en el peronismo. El histórico partido llevaba 28 años ininterrumpidos de gobierno en el distrito, con un solo recorte, en el arranque de la vuelta democrática, con el aluvión de Raúl Alfonsín que tuvo su replica local. Por ese peso real y simbólico del triunfo bonaerense, Mauricio Macri decidió priorizar la gestión provincial como eje para su propio proyecto político. De lo que ocurriera allí dependería gran parte de su futuro nacional. Por eso, aun antes de asumir el cargo en la Casa Rosada, el líder del Pro ya le había asegurado a su flamante estrella, María Eugenia Vidal, que contaría con apoyo financiero extra para, si no erradicar, al menos paliar un pedacito el desastre que, denunciaban, les dejaba el inconmovible Daniel Scioli.
Esa ayuda, pedida a gritos no solamente por Vidal sino también por su ministro de Economía, Hernán Lacunza, partía de un déficit de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos. Eso en la superficie; por lo bajo, escondido debajo del fondo de la caja, meses y meses de atraso con proveedores, que oscurecían el rojo. La asistencia financiera a la Provincia, así, tuvo dos envíos millonarios, básicamente para pagar sueldos y aguinaldos. Pero el plan macrista era meter mano en un tema sensible a todo el país, por el carácter federal de la medida: estaba conversado que, cuando los tiempos políticos lo permitieran, se aumentaría el porcentaje de coparticipación de una provincia sin duda relegada entre lo que aporta y lo que recibe. Se hablaba de una suba de tres puntos en los envíos. Esto se haría, claro, con aportes extras de la Nación y sin tocar un peso nominal del resto de los distritos, que previsiblemente se irían en masa a reclamar lo suyo.
Pero hubo una piedra que trastocó el “plan de recomposición bonaerense”: el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que la transferencia, como se había prometido en campaña, no solamente se hizo con su personal sino también con sus sueldos. Y la manera más rápida que encontró el Gobierno macrista para subsanar ese desfase económico fue aumentar la coparticipación de Buenos Aires, pero en este caso de la Ciudad Autónoma.
Esa decisión de subir los envíos de fondos no solamente a una administración aliada (ahora en manos de Horacio Rodríguez Larreta) sino a la más rica del país, desató la furia de los gobernadores del PJ y apuró la unión de un grupo que hasta entonces venía peleando mano a mano, aunque en inferioridad de condiciones con la Nación, por tamaño y por necesidades.
Varios funcionarios de Balcarce 50, y por supuesto también en La Plata, lamentan la decisión de Macri de priorizar a su exdistrito. Ahora, nadie imagina un nuevo esquema inmediato para favorecer a la provincia de Buenos Aires, justo cuando la administración de Vidal entra en un terreno pantanoso: la paritaria docente. Fue el propio Macri el que pidió especialmente a la gobernadora y a sus principales funcionarios que hagan todo lo que esté al alcance para lograr un imposible de los últimos años: que las clases empiecen en fecha. Así de subdesarrollados siguen los sueños en la Argentina.
Más allá de que en la Provincia juran que trabajan a destajo para cumplir el pedido presidencial, son conscientes de que pueden estar caminando inexorablemente hacia un fracaso. Roberto Baradel, líder de los docentes bonaerenses, le complicó año tras año el arranque de clases a quien se suponía su aliado nacional y popular, Daniel Scioli. ¿Por qué le facilitaría las cosas a una mandataria opositora?
En la gobernación barajan una primera propuesta para avanzar con los maestros. Ofrecer una suba para el primer semestre del año, cercana a un 15 por ciento, para luego discutir nuevamente paritarias en el segundo semestre, cuando, suponen, la inflación estará corriendo a la baja. Por ahora, utopías: diciembre terminó con entre 4 y 6 por ciento de aumento de precios en las mediciones locales más creíbles (a la espera del postergado IPC nacional); enero no bajaría del 3 por ciento, y febrero, con el tarifazo listo para irrumpir, volvería a dar para arriba. Con ese comienzo de año, difícil pensar hoy en un final como el que vaticinan Macri y el ministro Alfonso Prat-Gay, de un 20 a un 25 por ciento total para 2016. Justamente porque vislumbra una pelea gremial en general complicada para marzo, con estos datos económicos, es que el Presidente no quería sumarle el trastorno de los chicos en las casas sin clases.
¿Cómo sigue la puja? Mientras diseñan cómo volverán a ayudar a Buenos Aires, la Nación, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a la cabeza, continuará con las negociaciones con los gobernadores, tras la visita en masa del miércoles a la Rosada. El esquema no variará en su espíritu: apoyo económico a cambio de apoyo político. La necesidad es mutua: los caciques provinciales no tienen otra caja de donde rascar que no sea la de Casa de Gobierno, y el macrismo depende del apoyo de los legisladores que puedan aportarles los gobernadores para sacar las leyes más sensibles que preparan para marzo: las que ayudarán a destrabar el pago a los fondos buitres, los candidatos para la Corte y la aprobación de los polémicos DNU que revoleó Macri de entrada y que aún necesitan pasar por el tamiz del Congreso. Se vienen tiempos turbulentos.