Hay momentos políticos cruciales en los que los dirigentes debemos decidir si estamos a favor o en contra de los argentinos, a favor de nuestras administraciones y en contra de los intereses de las personas, o exclusivamente a favor de nuestras propias trayectorias.
En las últimas PASO la sociedad dio muestras de su malestar, el gobierno de Cambiemos escuchó y ofreció un abanico de soluciones inmediatas. En suma, atendió el llamado del pueblo.
Frente a esa reacción gubernamental, los gobernadores de 13 provincias argentinas trinaron porque se elevó el piso del Impuesto a las Ganancias -en particular el de los asalariados en relación de dependencia- y aplicó el IVA Cero sobre los productos de la canasta básica familiar por cuatro meses de vigencia para atenuar el castigo provocado por la crisis económica.
Los mandatarios provinciales amenazaron con acudir a la Corte Suprema de Justicia porque esos beneficios directos al bolsillo de los que más padecieron la crisis económica afectará a sus administraciones, después de tres años de
recibir en tiempo y forma los aportes coparticipables de parte de un gobierno al que califican de neoliberal, y alcanzar un superávit fiscal del que hacía muchos años no disfrutaban.
A los gobernadores les incomodan la oxigenación salarial y el alivio que sentirán millones de trabajadores al no pagar Ganancias y verificar que bajan los precios en los artículos de primera necesidad por la quita del IVA.
El gobierno de Cambiemos dio un paso firme sobre el tema y las cinco centrales de trabajadores callaron. Son las mismas que se cansaron de movilizar y gritar a voz en cuello que eliminaran el impuesto a las Ganancias en el trabajo. El mismo sello partidario al que responden se negó doce años a eliminar el mínimo no imponible para la cuarta categoría del Régimen que establece la renta al trabajo y perjudica al personal en relación de dependencia,
los jubilados y las profesiones liberales, entre otros.
Ese impuesto al rédito nació el 31 de diciembre de 1934, a raíz de la crisis mundial de 1929, y debía durar hasta el 31 de diciembre de 1034; sin embargo se convirtió en permanente, “in eternum”, igual que el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El IVA se estableció en Argentina en 1975 con la clara decisión de “dejar exentos a todos los alimentos que estén dentro de la canasta familiar debido a que el agregado representa un costo muy alto para los consumidores”. En
2019, el gobierno de Cambiemos adoptó el mismo criterio sobre los productos de primera necesidad.
El IVA es el aumento más regresivo en toda América Latina pero en nuestro además el más alto, del 21%. Hasta 1995 fue más bajo, de alrededor del 14%.
El ex ministro de economía del gobierno menemista lo llevó al 21% y dijo que algún día bajaría. No fue así, se convirtió en permanente y ningún gobierno posterior lo modificó porque solo pensaron en sus administraciones.
Subir el piso de Ganancias y aplicar el IVA Cero son medidas aplicadas en virtud de la emergencia actual. Pero es necesario destacar que ambas normas, como tantas otras, están pendientes de modificación y forman parte de la
reestructuración político-económica que necesita la Argentina.
La verdad de la situación en las provincias
En el año 2018 las provincias recibieron en concepto de participación federal un 12% más en términos reales que en 2015, cuando finalizaba la administración kirchnerista. El consolidado de los 24 distritos señala que los estados provinciales obtuvieron un superávit fiscal equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y todas las jurisdicciones presentaron superávit fiscal en su resultado primario.
Esos resultados son una clara muestra del sesgo federalista de la administración de Mauricio Macri ya que las provincias pasaron de una posición deficitaria que tenían cuando él asumió en diciembre de 2015 a una superavitaria a fines de 2018, con un aumento significativo de los recursos coparticipables percibidos.
Además, las leyes nacionales de responsabilidad fiscal y consenso fiscal sancionadas durante la administración de Macri dotaron de autonomía financiera a las provincias para que se concrete un auténtico federalismo, y los gobernadores dejen de mendigar recursos para pagar sueldos, cuadro habitual en la administración anterior.
El aumento del mínimo no imponible de ganancias para los empleados en relación de dependencia, la reducción del 50% del anticipo de ganancias de autónomos y la bonificación del componente impositivo del monotributo para el
mes de septiembre de 2019, sumado al anuncio de la rebaja temporal del IVA a 0% para productos de 14 rubros de la canasta básica alimentaria, significa dejar de recaudar $51.800 millones de pesos, de los cuales $30.000 millones
deberían coparticiparse con las provincias. Pero el Estado Nacional tampoco recibe su parte.
Las provincias argumentan que el gobierno tomó estas medidas de forma inconsulta. Aspiran a que, en lugar de beneficiar a los bolsillos de los que menos tienen en forma directa y palpable para resolver sus problemas de consumo diario, se aumenten las retenciones ya que el nuevo tipo de cambio aumenta los ingresos en pesos del sector agropecuario que, hasta el momento, es el único que produce y crece.
Ofendidos, los gobernadores amenazan. Prefieren minimizar las necesidades inmediatas de la gente en una disyuntiva crítica que busca atenuar los efectos de un oleaje económico que trasciende las fronteras nacionales y reclama actitudes de generosidad colaborativa interna.