Polémica por beneficios del RIGI a una petrolera vetada
La firma señalada es Southern Energy, un proyecto destinado a la producción y exportación de gas natural licuado que tiene entre sus accionistas a Harbour Energy, con una participación del 15%. Esta compañía utilizaba anteriormente el nombre Premier Oil y, bajo esa denominación, fue sancionada en 2013 por incumplir la legislación argentina relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. La inhabilitación fue establecida hasta 2028.
El punto central del planteo de Ferraro es si aquella sanción continúa alcanzando a Harbour Energy pese al cambio de denominación. El diputado sostuvo que, según registros societarios del Reino Unido, Premier Oil PLC y Harbour Energy PLC serían la misma persona jurídica y que el cambio de nombre no debería extinguir las sanciones existentes. Por ese motivo, cuestionó cómo una compañía alcanzada por una inhabilitación vigente pudo formar parte de una iniciativa incorporada al RIGI.
Southern Energy obtuvo la adhesión al régimen mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía y contempla una inversión estimada en US$2825 millones durante diez años. El proyecto prevé la instalación de infraestructura en Río Negro para recibir dos buques de licuefacción destinados a transformar el gas natural en GNL y permitir su posterior exportación. Además de Harbour Energy, participan Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar LNG.
De acuerdo con el proyecto, el primer buque arribaría a comienzos de 2027 y permitiría alcanzar una capacidad de exportación de 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas. Con la incorporación del segundo, prevista para 2028, la capacidad llegaría a 16 millones de metros cúbicos diarios. El emprendimiento es presentado como una pieza relevante para ampliar la capacidad argentina de exportación de gas y generar nuevas inversiones en el sector energético.
La denuncia adquiere una dimensión política adicional porque coincide con el endurecimiento de la posición del Gobierno frente a las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Ferraro reclamó que el Ejecutivo aclare qué controles se realizaron antes de otorgar los beneficios y qué medidas adoptará si se confirma que la sanción continúa vigente. El caso vuelve así a poner en discusión la relación entre la política energética, los incentivos a las grandes inversiones y la defensa de los intereses argentinos sobre los recursos de la plataforma continental.
