Ratifican la cautelar que frenó el proyecto Sea Lion y suman a Tierra del Fuego
La resolución del juzgado federal de Río Grande resolvió admitir a la Fiscalía de Estado fueguina con facultades procesales acotadas, al considerar que la provincia no hizo valer una pretensión material propia y diferenciada en esta instancia. Por este motivo, Tierra del Fuego actuará de manera accesoria para aportar pruebas y alegaciones orientadas a prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva, pero no podrá ampliar el objeto del expediente ni reclamar por vía directa la titularidad de los recursos o indemnizaciones, reservas que deberán encauzarse por otros canales jurisdiccionales.
Respecto al estado de la medida cautelar ordenada a mediados de septiembre, la magistrada desestimó los pedidos para fijar condiciones adicionales de revisión o exigir la presentación inmediata de pólizas y garantías ambientales a las empresas. La jueza fundamentó su postura argumentando que aún no se han incorporado al expediente los informes técnicos solicitados a los organismos competentes ni se ha completado la notificación formal a las firmas demandadas, requisitos previos indispensables establecidos por el propio tribunal para reevaluar la suspensión de los trabajos.
Asimismo, la decisión judicial rechazó la solicitud elevada por la provincia para citar obligatoriamente al Estado nacional al proceso. La magistrada Borruto dejó sentado que la sola condición de legitimado ambiental o la existencia de competencias nacionales en la materia no imponen la presencia obligatoria del Poder Ejecutivo central en todos los litigios de tutela ecológica, recordando además que ya se requirieron informes clave a la Cancillería, la Secretaría de Energía y la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental.
La intervención del gobierno encabezado por Gustavo Melella en la causa responde a un mandato directo de la Legislatura provincial, que instruyó a la Fiscalía de Estado a tomar participación para defender los derechos soberanos e informativos sobre los espacios marítimos e insulares bonaerenses y atlánticos. El proyecto Sea Lion —cuyo control pertenece en un 65% a Navitas y un 35% a Rockhopper— contempla la perforación de 23 pozos y la instalación de una unidad flotante de producción para iniciar la extracción de crudo a principios de 2028.
El escenario judicial se encuadra en una estrategia multidimensional impulsada por las autoridades locales y nacionales frente al avance de la exploración hidrocarburífera no autorizada en torno a las Islas Malvinas. Mientras la provincia avanza en normativas para sancionar operaciones logísticas sin permiso en sus aguas contiguas, el conflicto escala en el plano internacional tras la iniciación de un arbitraje por la disputa de soberanía de los recursos naturales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
