Reclamo por recortes en escuelas especiales porteñas

Docentes, estudiantes y referentes de escuelas de educación especial de la Ciudad llevaron su reclamo a la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, donde denunciaron un presunto recorte de matrícula en establecimientos destinados a personas con discapacidad visual y auditiva. La preocupación se centra en la situación de los alumnos mayores de 22 años, que, según advirtieron, “dejaron de figurar” como matriculados en los registros oficiales.

La protesta reunió a integrantes de comunidades educativas de escuelas para personas ciegas y sordas y representantes sindicales, quienes cuestionaron la falta de precisiones del Ministerio de Educación porteño sobre el futuro de estos espacios de formación permanente.

“Hay un anuncio informal del Gobierno de la Ciudad de un recorte de la matrícula de las escuelas de educación especial de formación permanente”, sostuvo Romina Butera, secretaria de Educación Especial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Según planteó, las instituciones vienen atravesando una serie de ajustes desde hace varios años. “Nos venimos enfrentando a varios recortes. En 2021 ya se hizo un recorte y más de 500 alumnos quedaron afuera de la educación especial”, aseguró.

El reclamo contempla específicamente a cuatro escuelas de educación especial orientadas a personas con discapacidad visual y auditiva, a las que asisten tanto niños y adolescentes como -mayormente- jóvenes y adultos. Allí funcionan trayectos de primaria para adultos, talleres de rehabilitación, capacitación laboral y formación en oficios, todos destinados a personas que perdieron la visión o la audición en etapas avanzadas de la vida.

“No están reconociendo como matriculados a los alumnos mayores de 22 años”, denunciaron desde las comunidades educativas. Según explicaron, este año muchos estudiantes dejaron de aparecer en los listados oficiales, pese a continuar cursando regularmente. “El Ministerio no está siendo claro”, remarcaron.

En el caso de las escuelas para personas con discapacidad visual, indicaron que hay alrededor de 280 estudiantes mayores de 22 años afectados por la situación, mientras que en discapacidad auditiva los menores de esa edad serían apenas 15 alumnos. “Es un recorte y ajuste”, sintetizaron durante la reunión.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Aldo Monteira, estudiante de la Escuela “Francisco Gatti”, quien perdió la visión en la adultez y hoy asiste a la institución para rehabilitarse y continuar estudiando. “Soy ciego hace dos años. Los adultos mayores de 22 años hoy no sabemos si somos alumnos o no. Estamos en un limbo”, expresó ante los legisladores.

Monteira remarcó además el rol central que cumplen estas escuelas para quienes adquieren una discapacidad siendo adultos. “Nuestras escuelas tienen que darnos el derecho consagrado por la Constitución. Necesitamos tener la certeza de que vamos a poder seguir estudiando”, reclamó. Luego, agregó que “nuestras enfermedades se pueden desarrollar en la vida adulta. Cerrar y achicar nuestras escuelas significa ir un siglo hacia atrás”.

En la misma línea se pronunció Analía Barrios, integrante de la Escuela Especial 34 para personas sordas, quien advirtió sobre el impacto que tendría un eventual recorte en los espacios de educación permanente. “Sacar estos espacios cuando las personas los necesitan, cuando viene su discapacidad. No sé quiénes son las personas que no ven, si ustedes o nosotros”, lanzó. “Pedimos que nos escuchen, es un derecho”.

Miguel Cortés, referente sordo de la misma institución, sostuvo que estas escuelas cumplen una función de inclusión social y educativa que no puede ser reemplazada. “Esto se cierra y después, ¿adónde van a ir?”, cuestionó. “No nos cierren las escuelas. Dan oportunidad a alumnos jóvenes que tienen problemas con trayectorias escolares. Hay que mejorar la educación especial, no exterminarla”.

Durante la exposición también tomó la palabra Aldana, otra integrante de la comunidad educativa, quien alertó sobre el riesgo de que desaparezca la modalidad de educación permanente para adultos con discapacidad. “Peligran los espacios para alumnos mayores de 22 años, no van a poder asistir más a las escuelas”, sostuvo. Y agregó: “Las escuelas para personas con discapacidad son indispensables para la reeducación. Se nos vulneran los derechos”.

Las instituciones involucradas forman parte del sistema de educación especial de la Ciudad, que abarca establecimientos para discapacidad intelectual, motora, visual, auditiva, pluridiscapacidad y trastornos severos. Además de brindar educación inicial y primaria, muchas de estas escuelas ofrecen formación integral, talleres de arte, gastronomía, informática y oficios, articulados con programas de formación profesional y pasantías laborales.

En el caso específico de las discapacidades sensoriales -ceguera, disminución visual, sordera e hipoacusia-, la normativa vigente contempla la atención educativa para jóvenes y adultos “sin límite de edad”, según la web oficial del Gobierno porteño. También cuentan con equipos interdisciplinarios y docentes integradores que acompañan trayectorias escolares en otros niveles educativos.

Desde la oposición legislativa acompañaron los cuestionamientos al Gobierno porteño. La diputada Victoria Freire (Fuerza por Buenos Aires) reclamó que la Ciudad “promueva y cuide la educación especial y los derechos de las personas con discapacidad”. Vanina Biasi (Frente de Izquierdfa de los Trabajadores-PO), por su parte, apuntó contra la gestión educativa: “Ya tuvieron recortes y ahora resulta que la ministra dice que no pueden pertenecer a la planta alumnos por encima de los 22 años. Más cínico no se puede”.

Desde el oficialismo, el diputado Sergio Siciliano (Vamos por Más) buscó llevar tranquilidad y afirmó que, según le transmitieron desde el Ministerio de Educación, “no hay cambios por el momento”. De acuerdo con su explicación, la cartera educativa está “simplemente dialogando con los actores del sistema” y no existen medidas previstas “a corto plazo”.