Reestructuración en salud infantil desata cruces entre el Ejecutivo y la oposición
El Gobierno nacional avanzó en una reestructuración del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política sanitaria creada en 2008 y reforzada por una ley sancionada en 2023 para garantizar atención a bebés y niños con malformaciones cardíacas, y generó fuertes críticas de la oposición y asociaciones médicas que advierten sobre un posible desmantelamiento de la iniciativa.
La cartera de Salud, conducida por Mario Lugones, notificó a fines de diciembre la desvinculación de tres de los siete cardiólogos que integraban el cuerpo técnico especializado, argumentando que el programa contaba con un exceso de personal en relación con la carga de trabajo registrada durante 2025. Según el Ministerio, se busca achicar una estructura “sobredimensionada” sin afectar la operatividad del PNCC.
Pese a esas explicaciones oficiales, varios de los médicos removidos y profesionales del sector entienden que la medida representa un primer paso hacia el desmantelamiento del programa, y solicitaron la reincorporación de los especialistas despedidos. La falta de respuesta del Ejecutivo derivó en la renuncia de la mayoría del equipo, dejando al programa con la mitad de su personal y mayoritariamente administrativo.
Desde la oposición, dirigentes de Fuerza Patria y Provincias Unidas salieron al cruce de la decisión oficial, denunciando que los recortes ponen en riesgo la vida de miles de bebés que nacen con cardiopatías congénitas cada año. La diputada Cecilia Moreau sostuvo que la reestructuración “limita la atención” para uno de los grupos más vulnerables de la sociedad y puso en duda el cumplimiento de la ley que respalda el PNCC.
Además de las declaraciones en redes sociales y cuestionamientos en el Congreso, algunos legisladores opositores, entre ellos el peronista Pablo Yedlin, impulsaron pedidos de informes y exploraron la posibilidad de presentar acciones judiciales para frenar la reorganización o revertirla, alegando que el programa —con rango de ley— debe ser preservado en su integridad.
Organizaciones médicas como la Asociación Argentina de Salud Pública y la Federación Argentina de Cardiología también advirtieron sobre los riesgos asociados a la pérdida de experiencia acumulada y exigieron la restitución del equipo técnico.
En paralelo, familiares de pacientes y agrupaciones sanitarias preparan movilizaciones para exigir que el Estado garantice no solo la operación formal del PNCC, sino su eficacia real y la continuidad de una política de salud considerada esencial para la infancia.
