Respaldo institucional de AJUNAF a la jueza Marta Pascual
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) respaldó la decisión judicial que suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dictada el 7 de septiembre por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo promovido por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La resolución convocó además a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre, en la que deberán informar las áreas provinciales involucradas —los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, junto con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia— sobre las medidas adoptadas y previstas para implementar la norma. AJUNAF sostuvo que la suspensión es “la consecuencia directa de la falta de condiciones adecuadas de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Según el comunicado, los dispositivos provinciales de privación de la libertad tienen capacidad para menos de 700 adolescentes. La ampliación del universo de personas punibles, que incorporaría a adolescentes de 14 y 15 años y eliminaría el piso de dos años de pena mínima, podría alcanzar a unos 3.000 jóvenes adicionales. Frente a ese escenario, la entidad afirmó que “el Estado no puede ampliar el universo de personas sometidas al sistema de responsabilidad penal adolescente sin crear, de modo previo, simultáneo, las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”.
Ley Penal Juvenil ⚖️
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) February 10, 2026
"Quieren hacer creer a la gente que la baja de la edad da mayor seguridad y es absolutamente falso. No hay relación".
🗨️ Gustavo Daniel Moreno, abogado y secretario general AJUNAF.
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La asociación recordó que mantiene desde 2017 una posición contraria a la reducción de la edad de punibilidad y al endurecimiento del régimen penal juvenil. También señaló que en mayo de 2025 había advertido que el proyecto podía resultar regresivo frente a la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño, generar erogaciones que muchas provincias no podrían afrontar y exponer al país a observaciones y eventuales responsabilidades internacionales. Para AJUNAF, aquella advertencia “se verifica hoy como hecho constatado judicialmente”.
El pronunciamiento también rechazó que la decisión de Pascual sea presentada como parte de una disputa política partidaria. “Los eventuales cuestionamientos jurídicos a la resolución judicial deben ser canalizados por las vías recursivas pertinentes, y no con un ataque personal y profesional a la señora magistrada”, sostuvo la entidad. Además, destacó la trayectoria de la jueza, a quien describió como una profesional reconocida en Justicia Restaurativa y con experiencia en el ámbito de la justicia especializada.
