Revés judicial para Milei: ordenan aplicar el financiamiento universitario
El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025 del presidente Javier Milei que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su aplicación inmediata. En su resolución, el magistrado le exige al Gobierno nacional su cumplimiento e inmediata implementación para garantizar el financiamiento, las becas y la recomposición salarial tanto de personal docente como nodocente de las instituciones de educación superior.
En su intento de frenar la aplicación de la ley, el presidente había invocado el artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, N° 24.629, argumentando restricciones presupuestarias para justificar la suspensión. Sin embargo, la justicia consideró que esta interpretación vulneraba la vigencia plena de la ley de financiamiento aprobada por el Poder Legislativo, que debe regir independientemente de disponibilidades fiscales contingentes.

Esta decisión judicial representa un revés significativo para la estrategia económica de la administración presidencial en materia educativa. El fallo obliga al Ejecutivo a destinar los recursos previstos en la ley para universidades nacionales, marcando una intervención judicial que prioriza el cumplimiento normativo sobre las decisiones discrecionales del gobierno en materia de asignación de fondos públicos.
La sentencia llega en un momento de creciente tensión entre el poder Judicial y el Ejecutivo por diversas medidas de gestión. Mientras el gobierno nacional insiste en políticas de ajuste fiscal, la justicia protege el carácter obligatorio de la legislación universitaria aprobada previamente, generando un conflicto institucional sobre la prioridad de cumplimiento entre decretos presidenciales y leyes vigentes.
Antecedentemente, gremios universitarios habían anunciado medidas de fuerza en respuesta al congelamiento de fondos. La aplicación inmediata ordenada por Cormick busca resolver la incertidumbre financiera que atraviesan las instituciones de educación superior desde que se implementó la restricción mediante decreto, devolviendo certidumbre al sistema de financiamiento universitario argentino después de meses de litigio administrativo.