Rutas nacionales: el Gobierno suma 12.000 km a privatizar
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de privatización de rutas nacionales y estableció que otros 12.000 kilómetros de caminos serán incorporados al sistema de concesiones privadas. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo. El esquema contempla que las empresas adjudicatarias se hagan cargo de las inversiones, las tareas de mantenimiento y las reparaciones, y recuperen los recursos destinados a esas actividades a través del cobro de peajes.
Entre los corredores que serán incluidos en las próximas licitaciones aparecen distintos tramos de las rutas nacionales 3, 9, 11, 12 y 14. La ruta 3 comprende sectores de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; la ruta 9, tramos de Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy; mientras que la ruta 11 atraviesa sectores de Santa Fe, Chaco y Formosa. También se incorporarán partes de la ruta 12 en Entre Ríos y de la ruta 14 en Corrientes y Misiones, entre otros corredores que todavía están en proceso de definición.
La iniciativa forma parte de la Red Federal de Concesiones (RFC), un programa que el Gobierno puso en marcha en 2025 y que ya permitió adjudicar a empresas privadas unos 9.000 kilómetros de rutas. Según los datos oficiales, los tramos concesionados hasta el momento concentran alrededor del 80% del tránsito nacional. Ahora, los funcionarios trabajan en la delimitación de los nuevos corredores que integrarán las próximas licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo la supervisión del secretario de Transporte, Mariano Plencovich.
Desde Vialidad Nacional señalaron que la incorporación de los nuevos tramos busca promover las inversiones necesarias para garantizar la conservación, el mantenimiento, la reparación y la ampliación de la infraestructura vial. “La incorporación de estos tramos permitirá promover las inversiones necesarias para su conservación, mantenimiento, reparación y ampliación, y garantizar la continuidad y calidad de los servicios que reciben los usuarios”, indicaron desde el organismo. El decreto establece que las convocatorias a licitación deberán realizarse dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Antes de avanzar con las adjudicaciones, el Gobierno deberá convocar a audiencias públicas para que los usuarios, los gobiernos provinciales y municipales y otros sectores involucrados puedan conocer los detalles de los corredores que serán concesionados y presentar observaciones, consultas y propuestas. Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación de los contratos y tendrá a su cargo la supervisión y el control de las empresas, con el objetivo de verificar que cumplan los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad establecidos.
El nuevo esquema profundiza el cambio en el modelo de administración de las rutas nacionales y deja atrás el financiamiento estatal directo de las obras públicas. La Red Federal de Concesiones establece que las inversiones serán cubiertas en un 100% por las empresas privadas, que asumirán los costos de las obras y del mantenimiento previstos en los contratos. De esta manera, el Gobierno busca trasladar a los concesionarios la responsabilidad sobre la infraestructura vial y establecer el peaje como mecanismo de recuperación de las inversiones, mientras los usuarios deberán afrontar las tarifas correspondientes para circular por los corredores adjudicados.
