Universidades apelan a la Justicia por el financiamiento
Las universidades nacionales resolvieron profundizar la vía judicial en el conflicto por el financiamiento del sistema de educación superior y solicitaron a la Justicia la habilitación de la feria judicial de invierno para que el expediente continúe tramitándose sin demoras. Las autoridades universitarias consideran que la situación presupuestaria y salarial reviste un carácter de urgencia y que postergar las definiciones agravaría el funcionamiento de las casas de estudio.
El planteo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que busca que la Corte Suprema avance sobre la medida cautelar presentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el organismo sostienen que la interrupción de la actividad judicial durante la feria podría retrasar una resolución considerada clave para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Las universidades argumentan que el incumplimiento de la normativa mantiene un fuerte impacto sobre los presupuestos de funcionamiento, los salarios docentes y no docentes y el sostenimiento de programas académicos y de investigación. En ese contexto, remarcan que la crisis financiera continúa afectando el normal desempeño de las instituciones públicas de educación superior.
**Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su postura de que la aplicación plena de la ley comprometería el equilibrio de las cuentas públicas, aunque en las últimas semanas avanzó en conversaciones con los rectores para explorar alternativas que permitan descomprimir el conflicto.** Pese a esos contactos, las universidades decidieron mantener activa la estrategia judicial hasta obtener garantías sobre el cumplimiento de la legislación vigente.
La controversia por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales frentes de disputa entre el Ejecutivo y el sistema universitario desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A lo largo de los últimos meses se sucedieron movilizaciones, paros docentes y distintos pronunciamientos judiciales que respaldaron, en distintas instancias, los reclamos de las universidades públicas.
A la espera de una definición de la Corte Suprema, las autoridades universitarias sostienen que la habilitación de la feria judicial permitiría acelerar una resolución sobre un conflicto que consideran determinante para el funcionamiento del sistema educativo. El objetivo es que la cuestión presupuestaria encuentre una respuesta judicial antes de que el receso retrase aún más un proceso que lleva varios meses sin una solución definitiva.
