Ushuaia: el Gobierno impulsa la privatización de terrenos militares
La decisión del Gobierno de avanzar con la venta de un predio de la Armada en Ushuaia volvió a encender las alarmas dentro de las Fuerzas Armadas, que cuestionan tanto el criterio para declarar inmuebles “innecesarios” como el destino final de los fondos que se obtengan. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) formalizó la desafectación del lote de 2.939 metros cuadrados mediante la Resolución 101/2026, firmada el 26 de junio, para incorporarlo al proceso de venta impulsado por el Ejecutivo.
El terreno, ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en un sector próximo a la planta Orión, fue declarado “sin destino” después de que el Ministerio de Defensa informara en agosto de 2025 que no existían previsiones de utilización futura. Un informe técnico de la AABE consignó que el inmueble no registra ocupaciones permanentes, más allá de un uso transitorio por parte de Camuzzi Gas del Sur como espacio de acopio de caños.
La discusión excede ese lote puntual: “La ubicación de esos terrenos tiene un valor estratégico que excede completamente su valor inmobiliario”, señaló un oficial, y otro comparó la medida con “si Estados Unidos decidiera venderle al mercado un terreno estratégico del Comando Sur en Florida”. Ushuaia es, recuerdan, la principal puerta de acceso al Atlántico Sur, a la Antártida y al pasaje bioceánico, un espacio donde convergen intereses geopolíticos de potencias como Estados Unidos y China y donde permanece la disputa de soberanía con el Reino Unido.
El avance en ventas se enmarca en el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar, que prevé que las Fuerzas Armadas reciban el 70% de lo recaudado por la venta de inmuebles propios (y el 10% si pertenecen a otros organismos) para financiar reposición de equipamiento. Pese a eso, oficiales expresaron desconfianza: “Nos piden desprendernos de patrimonio estratégico con la promesa de que el dinero volverá a las Fuerzas, pero nadie puede asegurar hoy que eso vaya a ocurrir”, advirtió una fuente, recordando además los recortes que sufrió el presupuesto de Defensa el último año.
La inquietud toma mayor relieve por el contexto regional y gestos diplomáticos recientes hacia el Reino Unido: fuentes castrenses citan, por ejemplo, la presencia sin reproche público de un buque de guerra británico en Punta Arenas, Chile, un hecho que en otros periodos habría motivado una protesta formal. Para esos oficiales, desprenderse de terrenos en Ushuaia resulta contradictorio si la intención declarada del Estado es reforzar la presencia en el extremo sur, en un momento en que la zona gana importancia estratégica por razones militares, logísticas, energéticas y antárticas.
Desde el Gobierno sostienen que la política de la AABE busca “racionalizar el patrimonio inmobiliario del Estado”, dando de baja inmuebles ociosos para optimizar la administración y obtener recursos. Pero dentro de las Fuerzas Armadas la discusión ya no es sólo por el tamaño del lote puesto a la venta sino por el precedente que inaugura: la posibilidad de perder espacios clave sin garantías de que los fondos volverán efectivamente al sistema de Defensa. Esa incertidumbre, concluyen las fuentes militares, abre un debate sobre prioridades estratégicas que el Estado deberá resolver si pretende mantener cohesión interna en materia de seguridad.
