Parrilli, a juicio oral
Mientras en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad se continúa analizando el caso de la jueza Rosa Elsa Parrilli para definir si se la somete a un jury de enjuiciamiento o si se la sanciona administrativamente por los hechos de violencia verbal que la magistrada protagonizó ante las cámaras de una dependencia gubernamental, la Justicia en lo Penal Contravencional y de Faltas dio un paso adelante.
Este martes, el titular de la Fiscalía Nº 6, Ángel Carestía, elevó el pedido a juicio oral de la magistrada porteña en una causa por amenazas, agresiones y discriminación contra dos empleadas del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito de la Ciudad.
El procedimiento acusatorio que caracteriza a la Justicia porteña permitió que, con celeridad, el representante del Ministerio Público Fiscal tome declaración a las damnificadas, testigos y a la imputada, y recoja la prueba necesaria (filmaciones, denuncias y testimonios) para fundamentar el pedido de juicio oral.
De declararse la culpabilidad de la jueza por los cargos que se le imputan, Parrilli podría recibir penas de prisión, multas o tareas comunitarias.
"El titular del juzgado Nº 23, Norberto Circo, será quien entienda en la causa hasta tanto se celebre la audiencia 210 (en la que se someterá a evaluación las pruebas presentadas por la acusación y la defensa, descartando y aceptando como válidas las que así se señalen). Luego la causa se volverá a sortear y será otro juez del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas el que finalmente dicte sentencia", explicaron fuentes judiciales.
Tras resaltar que "en 11 días hábiles se cumplieron todos los pasos procesales para la elevación a juicio", desde la justicia señalaron que a la jueza se le imputan dos delitos de competencia porteña "amenazas y discriminación".
Según expresa el artículo 149 bis del Código Penal, de ser encontrada culpable del delito de amenazas contra las agentes, Parrilli podría ser reprimida "con prisión de seis meses a dos años". De declararse culpable por infringir la Ley 23.592 que castiga actos discriminatorios, la jueza podría recibir una pena de "un mes a tres años".
