Una jugada kirchnerista de disciplinamiento político

Sin lugar a dudas que Néstor Kirchner es uno de los dirigentes más talentosos que ha dado en los últimos años esa gran escuela de formación política que es el peronismo.

Sobre todo si tenemos en cuenta que la Nación está gobernada por esa fuerza política desde hace 18 años, con algún ´touch´ de gobiernos radicales, que hasta ahora nunca han termina su mandato. Es que el peronismo se reinventa permanentemente, ya sea para ir juntos o separados. Así por ejemplo el PRO-peronismo o peronismo disidente es ante todo, peronismo. El padre de semejante engendro, Juan Domingo Perón, ya lo había dicho: "Nosotros, los peronistas. somos como los gatos, parece que nos estamos peleando pero en realidad nos estamos reproduciendo". Así ellos pueden integrar una fuerza como el PRO o la Coalición Cívica o lo que sea, pero siempre llevan en el orillo esa marca indeleble.

Si hay alguna duda sobre esta afirmación, basta con leer políticamente el decreto de necesidad y urgencia de la presidenta Cristina Fernández sobre la coparticipación de las retenciones a la soja. Se trata de una lección política formidable. ¿Una trampa? ¿O de la ley del embudo?

Es que detrás de la generosidad presidencial de coparticipar una retención, que por ley no es coparticipable, se esconde una forma de disciplinamiento político. Sobre todo para los intendentes, y como debe ser, en plena campaña electoral. Por otra parte favorece a provincias, que por cierto no son productoras de soja, y las que su vez no coparticipan sus regalías petrolera. El mensaje es a dos bandas, para las petroleras porque les están dando parte de una masa de dinero a la que no aportan nada y a las productoras les escupe el asado por el nivel de protesta y conflicto que armaron. El decreto dice que de las retenciones, el 70% se queda la Nación y el 30 las provincias, pero después ese 30%, a su vez, debe ser repartido con el mismo esquema. Esto 70% se lo queda el gobierno provincial y el 30 restante, los municipios. Lo mejor es que esa distribución de los fondos se efectuará entre las provincias que adhieran a través del Banco de la Nación. A su vez, esos estados deberán establecer un sistema de reparto para derivar el dinero a los municipios. Es decir, se deja en la cabeza del gobernador el dinero que corresponde a los intendentes. Y se trata de un dinero que no van a recibir todo junto sino diariamente por goteo y en la medida que la Nación perciba en concepto de derechos de exportación de soja.

A los gobernadores que levantaron las banderas contra las retenciones, los deja en una situación incómoda, ya que si adhieren a este decreto, quedan en contradicción con la posición política que venían sosteniendo y a su vez enfrenta con los ruralistas. Y si no aceptan se quedan sin plata en un año en el que la económía nacional y mundial tiene pronóstico en terapia intensiva.

En la Ciudad de Buenos Aires fue justamente un peronista el que le aconsejó, o sugirió, al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que no adhiriera al decreto, entre otras cosas, porque iba a hacerlo entrar en una confrontación con el campo. Y porque no había certeza de que el dinero que le corresponde a la Ciudad, unos 150 millones de pesos, alguna vez llegue a las manos correspondientes.

"Tenés razón, me están cagando", dijo Macri, acaso ya salpicado.

Pero hubo otros que opinaron distinto, como el jefe del bloque PRO, Moscariello, quien ante una requisitoria de NU señaló: "Por más que esté del lado del campo, Macri, frente a la decisión de coparticipar los derechos de exportación, adhiere, porque Macri no actúa por sí mismo sino en representación de todos los porteños".

"Entonces, antes que Kirchner se quede con la plata, es mejor que Macri devuelva ese dinero en obras a la gente", agregó.
La dipuK Silvia La Ruffa subrayó que "los opositores que no acompañan la política del Gobierno sobre el campo, pueden seguir levantando esas banderas, tomar el dinero que les ofrece la Presidenta e invertir el 40% en obras de infraestructura hospitalaria, otro 40 en infraestructura educativa y un 20 en viviendas, tal como establece un proyecto de ley que presentamos en ese sentido, y que el macrismo se niega a acompañar".

Pero en el caso de Macri, el Gobierno nacional compuso una pieza de antología: no vamos a decir de la venganza sino una finta digna de Nicolás Maquiavelo.

En el decreto original no había ninguna precisión sobre qué dinero correspondía a la Ciudad: se menciona que los destinatarios serán las provincias y los municipios. Y sabido es que la Ciudad, según jurisprudencia de la Corte Suprema, no es provincia, ni municipio.

Por lo tanto quedaba fuera del reparto.

"Pero además quedábamos afuera porque la Ciudad percibe una cuota de coparticipación del 52%, que le corresponde a Nación y no del 46% que va a las provincias, según lo que establece justamente la ley de Coparticipación. Eso quiere decir que es un dinero que viene de una asignación específica que tiene la Nación. No quedaba claro si los porteños habíamos quedado dentro del reparto o no", explicó el diputado Raúl Fernández a este medio.

Y cuando aún no había certezas, el jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró por todos los medios que la Ciudad percibiría unos 150 millones de pesos de las retenciones a la soja y que iban a adherir.

Pero el Gobierno nacional recién ayer publicó el decreto 243 en el cual aclara: "A los fines de realizar la correspondiente distribución automática se dispone la apertura en el Banco de la Nación Argentina, casa central, de una cuenta a nombre del Fondo Federal Solidario. Dicha entidad bancaria transferirá en la forma establecida los fondos correspondientes a la cuenta que cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abran a tales efectos".

Recién ahí los macristas que estaban por la adhesión respiraron aliviados. Según una fuente PRO, el lunes, durante una reunión de la mesa del bloque legislativo con Rodríguez Larreta, se decidió que el Procurador, Pablo Tonelli, estudiara en detalle si la Ciudad había quedado dentro de la norma. Ahí se decidió que en caso afirmativo, Macri firmaría el decreto de adhesión una vez que el Congreso ratificara el DNU, entonces la Ciudad sancionaría una ley en ese mismo sentido.

Es de suponer que alguna negociación habrá habido, aunque en el universo macrista todo es posible, para que la Nación publicara el decreto reglamentario.

En síntesis, para precisar aún más las disposiciones del decreto, habrá que decir que las sumas, base del cálculo para coparticipar, son las cobradas; si el productor no vende en tiempo y forma, las provincias no recibirán nada y si reciben, estarán desfasadas del mes correspondiente.
Las más beneficiadas resultarán las provincias patagónicas, mientras que a la de Buenos Aires corresponderá, en comparación, muy poco. Es que ningún estado provincial podrá recibir más que el coeficiente de coparticipación, aporten o no a la masa de dinero recaudada.

Y los intendentes son los grandes perdedores.

La gran paradoja es que el único que se va a quedar con todo el dinero que le dé Nación es Macri, ya que al no tener municipios, no tendría que coparticipar los fondos. Lo que no queda claro es si la Ciudad va a recibir el 1.4% que tiene asignado por ley o si Nación le va a coparticipar sólo una parte. Esto es, el esquema 70 a 30%.
En conclusión estamos frente a la ley embudo.
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