Madres va contra el DNU de Macri

El DNU presentado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, con el objetivo de "sancionar como delito contravencional a quienes impidan la circulación de periódicos", continúa generando polémica y controversia. A los pedidos de nulidad por parte de la oposición en la Legislatura se le sumó, este lunes, un recurso de amparo que presentó la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a cargo de Hebe de Bonafini.

Acompañada y patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat, Antonio Rojas Salinas y Hugo Gallardo, integrantes del Laboratorio de Políticas Institucionales de la Fundación, la presidenta del organismo realizó la denuncia en la mesa de entradas del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, y recayó en el juzgado N° 14, a cargo de la jueza Karina Cicero, quien en las próximas horas deberá tomar una resolución.

La acción se dirige contra el Gobierno de la Ciudad y los autores y partícipes del acto antijurídico (según lo publicado en los medios de comunicación, Macri y los ministros de su gabinete), y la presentación exige al juez "que se le impongan las costas de la acción por ser solidariamente responsables de la violación del marco jurídico".

En relación al escrito, se señala, en primer lugar, la "inconstitucionalidad del decreto", por ?violar el artículo 43, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y el artículo 14, 2° párrafo, de la Constitución de la Ciudad Autónoma?.

Entre los argumentos, figura el cuestionamiento a la función de cada uno de los poderes del Estado, sobre el que amparo afirma que?el Ejecutivo quebranta los límites reglados de las incumbencias constitucionales y la división de poderes, sustento basal de la doctrina y sistema del Estado de Derecho?.

Asimismo, señala que el DNU ?trata de un obrar lesivo de la inconstitucionalidad, que lesiona libertades sindicales?, contenidas en la Constitución Nacional y tuteladas por los convenios internacionales.

En tercer lugar, y sobre la figura y el accionar del jefe de Gobierno frente a esta situación, se hace referencia a ?la inexistencia de una situación excepcionalidad y el impedimento en materia penal para los decretos de necesidad y urgencia?.

Previo a la presentación, el constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los patrocinadores del escrito, ofreció más detalles: ?Se trata es una acción de amparo para impugnar el decreto llamado de necesidad y urgencia N° 2/2011 que dictó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde pretende atribuirse funciones penales, lo que le está expresamente vedado tanto por la Constitución Nacional como por la de la Ciudad?.

En la misma línea, el abogado indicó que ?bajo ninguna forma una contravención", que es una forma de persecución penal, "puede ser dispuesta por decreto de necesidad y urgencia?.

Respecto de a quién se dirige la acción, señaló: ?La demanda no sólo es contra el Gobierno de la Ciudad, sino contra todos los firmantes de esta disposición porque los entendemos solidariamente responsables del engendro jurídico que han generado?.

Por último, Barcesat que la acción tiene como fin "ir rápidamente y demostrar cómo se debe proceder en materia de amparo". "Decimos al juez que tratándose de una cuestión de puro derecho en pocos días se puede pronunciar sobre el fondo de la cuestión sin tener que estar dando muchas vueltas y rodeos".

Además, señaló: "Es tan brutal el tema que creo que ningún juez puede dubitar respecto la grosera inconstitucionalidad de esta norma?.

En relación con este punto, Bonafini afirmó que ?hay algunos jueces que todavía son una lágrima pero espero, que ningún juez se anime a rechazar esto?.

?Me siento afectada por una norma impropia que se presenta gestada al sólo efecto de producir un escenario, suerte de escaparate institucional, de la defensa de la libertad de prensa?, finalizó.