La oposición insiste en calificar de insconstitucional al DNU
Luego del DNU que dio a conocer esta semana el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el que modifica las sanciones a la contravención que cuadra con el bloqueo e impedimento de distribución de medios gráficos, estableciendo la posibilidad de dictar una pena de prisión (inexistente en el Código Contravencional para este tipo de infracciones a la ley), la comisión de Asuntos Constitucionales a cargo del diputado PRO Martín Ocampo se reunió esta tarde y, pese a tener un temario pautado, hubo un pedido de incorporar y tratar el decreto de necesidad y urgencia.
Con un debate que giró en torno a la constitucionalidad y legalidad del DNU y lo que establece la Constitución Nacional y local y el Código Penal, los legisladores debatieron durante dos horas y dieron sus posturas a favor y en contra de la medida que permanecerá en los próximos 30 días en el ámbito de la Legislatura y que tendrá dos despachos- uno favorable y otro desfavorable- para continuar su curso ordinario en el recinto.
Del lado PRO, los argumentos hicieron foco en el hecho de respetar la ?libertad de prensa, la libertad de expresión? y defender la figura del Jefe de Gobierno al asegurar que ?la norma local le otorga atribuciones para resguardar la seguridad y el orden público?, y así disponer de medidas necesarias para proteger a la ciudadanía. También hubo críticas al accionar del titular de la CGT, Hugo Moyano, sobre quien dijeron, ?no se hizo mención en ningún momento de la reunión?.
Con un discurso prolongado y con varias intervenciones a lo largo de la reunión, Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) explicó que el DNU hace referencia a ?figuras penales y penas de prisión? y determina que ?las personas deben ir presas por voluntad del Jefe de Gobierno?, en este caso.
Una vez planteada la situación, el legislador dejó abierta la pregunta de si ?un Gobierno puede emitir castigos penales por DNU? y aclaró que el Parlamento es el que ?debe encargarse de dar solución a esos asuntos, y determinar qué es legal y qué no?.
En concordancia a lo expuesto por Ibarra, Fernando Sánchez (Coalición Cívica) expresó que si bien hay que encontrar mecanismos para garantizar la libertad de prensa, el DNU plantea una ?posición inconstitucional? y por lo tanto ?no es válido?. ?No puede emitir una disposición de carácter legislativo?, continuó el titular del bloque.
Cerruti, Lubertino, Raffo y Abrevaya transitaron por el mismo sendero que los anteriores oradores y expresaron que el decreto ?no es ni urgente ni necesario?. Sin embargo, esta disposición podría ser tratada en el recinto durante una sesión especial el 27 de abril.
Por otro lado, y haciendo referencia a lo que dispone el Código Penal en dos de sus artículos (el 161 y el 194), en el que obliga a ?sufrir prisión de uno a seis meses, al que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico?, los legislados argumentaron que ?son suficientes? las disposiciones de la ley y que ?no hace falta introducir más penas?.
Finalmente, y bajo el argumento de que ?no se puede defender un derecho violando la Constitución?, la oposición propuso una y otra vez que el PRO presentara un proyecto de ley propio y descartara la disposición del Jefe de Gobierno.
