Parrilli cuestiona el reglamento disciplina
El pasado miércoles a última hora, la jueza Rosa Parrilli presentó su descargo en el Consejo de la Magistratura, este jueves vencía el plazo para que la magistrada reflejara su postura en el proceso que se le inició para evaluar una posible acusación para llevarla a juicio político, tras recibirse la denuncia por amenazas y discriminación presentada por dos empleadas del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito de la Ciudad.
"Estamos estudiando el descargo y comenzando a hacer los primeros análisis. A partir de este jueves, la Comisión de Disciplina y Acusación cuenta con 5 días hábiles para producir un dictamen", comentó a NOTICIAS URBANAS el presidente de dicha comisión, Gabriel Vega (consejero y juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas).
"El martes hay reunión de la comisión. No descarto la posibilidad que el mismo martes se logre un despacho recomendando al Plenario un camino a seguir. Las posibilidades son tres: desechar, avanzar en una sanción disciplinaria o sugerir que se realice la acusación para conformar el Jury de Enjuiciamiento. Podrá lograrse un dictamen unánime o uno de mayoría y otro de minoría. Seremos finalmente los 9 consejeros los que resolvamos que camino se tomará", concluyó Vega.
Coincidiendo con la presentación realizada por su defensa ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, fuentes judiciales comentaron que Parrilli "argumentó motivos personales como factor desencadenante de la conducta denunciada, y acompañó su descargo con el presentado días atrás en la Fiscalía".
En el descargo de la magistrada, de unas 15 hojas, no aparecería expresamente el desconocimiento de los hechos que se le imputan por lo que existiría un reconocimiento implícito de los mismos.
Según pudo conocer NU, en el escrito, Parrilli reconoce una reacción grotesca, vergonzosa, desencadenada por cuestiones personales. Expresa que pidió disculpas a las empleadas agredidas y también objeta algunas cuestiones técnicas al Reglamento de Disciplina, centradas en que sólo se le permite ofrecer pruebas documentales en la primera etapa del proceso.
El cuestionamiento formal se basaría en que la jueza tenía la intención de presentar pruebas testimoniales y periciales que confirmaran los argumentos de su defensa, pero el reglamento se lo impide en esta instancia. Si se avanza hacia el juicio político podrá presentar todo tipo de pruebas para armar su defensa.
