Ni la Justicia se mete con Clarin

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) declaró inconstitucional, por considerar que se estaba vulnerando el principio de igualdad ante la ley, una norma que la Legislatura porteña aprobó en 2005; la norma obstaculizaba la entrada al negocio de la TV por cable a nuevas prestadoras.

Esa sentencia fue emitida el 11 de diciembre de 2007. Pero a nadie se le movió un pelo. El gobierno porteño no apeló y los diputados recién esta semana empezaron a discutir qué hacer con la ley: si la ratifican o si la modifican y hasta cuándo tienen tiempo para hacerlo. Porque no se ponen de acuerdo sobre si deben tomar una decisión antes del 13 de marzo o si tienen tiempo hasta junio. Todo depende de la interpretación que se haga de la Constitución de la Ciudad.

¿Por qué llama tanto la atención la somnolencia que muestran el Ejecutivo y el Legislativo porteño? Porque cuando esa norma fue votada, el 1 de diciembre de 2005, fue un escándalo. Pero si se hurga en el verdadero sentido del fallo, se empieza a entender que en ningún momento la sentencia del TSJ ocasiona un perjuicio económico directo a las prestadoras de la TV por cable y especialmente a Clarín. Y todos sabemos que nuestros políticos tienen dos vocaciones: la primera, la del bronce; la segunda, ver su foto en la tapa del diario.

En ese entonces, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, envió a la Legislatura la normativa. La oposición puso el grito en el cielo. Se consideró que ?cerraba el mercado, favorecía la cartelización y provocaba que dos o tres empresas se constituyeran en un monopolio?. Y finalmente, ?porque se perjudicaba a la ciudad, ya que no solucionaba la cuestión de la contaminación visual?. Es decir, permitía que los cables siguieran colgando de los postes.

Pero un mes antes, el ex diputado macrista Mario Morando, había presentado un proyecto diferente, que disponía la metodología subterránea (o soterramiento de cables) además de abrir un Registro de Prestadores. La iniciativa consideraba el problema de la inseguridad que ocasionaba a los ciudadanos que los cables estuvieran sostenidos por postes de madera, que a menudo se terminaban cayendo.

Pero durante aquella sesión de diciembre, el legislador dijo haberse dado cuenta de que su proyecto ?no contemplaba la factibilidad económico-financiera de las empresas para llevar adelante las inversiones necesarias para el enterramiento, sin poner en riesgo la viabilidad del servicio?.

El soterramiento hubiera tenido ?un costo total 630 millones de pesos? para las antiguas prestadoras, y esa fue la razón (que se sepa) por la cual Morando terminó votando el proyecto de Ibarra. La norma estableció que las viejas prestadoras tenían hasta diez años para soterrar, pero obligaba a las nuevas a utilizar esa metodología si querían empezar. Es decir, se les negaba el tendido aéreo que las otras sí podían seguir utilizando un tiempo más. Pero fue más lejos y dijo que ?si algunas de las Redes Existentes Operativas (las antiguas prestadores) dejara de utilizar el espacio aéreo asignado, su nivel en el sistema de columnas no podrá ser ocupado por otros prestador?.

En esa plenario, el diputado Sergio Molina, recordó que en 1994 cuando el ex fiscal era legislador, ?se había pronunciado en contra? de una norma de esas características. ?Pero este es otro Ibarra, es el Ibarra de Cromañón, el de la impunidad?, dijo Molina (cuando Ibarra envió el mencionado proyecto a la Legislatura ya estaba siendo acusado en el marco del juicio político que en marzo de 2006 lo destituyó).
Así las cosas, una vez en vigencia la ley, una empresa, Gigacable accionó ante la justicia y pidió la inconstitucionalidad de la norma. El TSJ le dio la razón y dijo en líneas generales que la ley estaba creando un privilegio porque restringía el derecho que tenía Gigacable a entrar en el mercado.

Pero del soterramiento, nada. Es decir nada del perjuicio económico que había mencionado Morando en su alocución. Solamente podría haber un perjuicio a futuro, teniendo en cuenta que a Clarín con ese fallo ahora se le puede sentar otro convidado en la mesa. Siempre que la Legislatura no opine lo contrario.

?Yo no me voy a referir a las empresas lo único que puedo decir es que más allá del debate que provocó la ley en su momento, este fallo no cambió nada: si la Legislatura insiste con la norma, el único que queda exento es Gigacable?, dijo a NU el diputado Alejandro Rabinovich.

El legislador también dijo que ?el efecto práctico es ninguno, porque el TSJ cuestionó dos artículos que no cambian el espíritu de la norma y por lo tanto la situación de Gigacable sigue siendo la misma?.

Más cauto, el presidente del bloque PRO, Oscar Moscariello afirmó que todavía ?no hay en el cuerpo una postura definitiva, recién empezamos a estudiar el tema?. El diputado Martín Borrelli, abundó: ?El fallo del TSJ nos permite revisar algunos puntos de la ley de cableado que siempre fueron polémicos, es una buena oportunidad para que el estado incorpore a la ley otros criterios que en su momento no fueron contemplados?.

Ahora, en la Legislatura la cuestión pasa por definir hasta cuándo ese instituto tiene tiempo para definir la situación. Moscariello dice que ?la Constitución habla de un plazo de tres meses, y cuando la Constitución habla en meses se refiere a días corridos, por lo tanto si tomamos la fecha del fallo del TSJ, que es del 11 de diciembre, los tres meses se cumplen a mediados de marzo?.

?Yo no estoy tan seguro y creo que al respecto se tendría que expedir el TSJ, porque en Derecho cuando se habla en meses nos referimos a días corridos, cuando es por días, son hábiles, entonces tenemos que definir cómo se cuenta el tiempo del cuerpo en receso o trabajando en sesiones extraordinarias?, advirtió Rabinovich.

Entretanto, el vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, espera que el jefe de Gobierno defina su posición para echar a rodar la maquinaria legislativa.

Dicen que alguna vez pidió premura, y abochornado, o atribulado y cómplice, precisó: ?Miren muchachos, que a mí me están haciendo la de King Kong?.