Resarcimiento económico frente a los cortes
Una normativa publicada por el Gobierno porteño establece que los ciudadanos porteños pueden reclamar el incumplimiento de servicios públicos (agua, luz, gas) en los CGP locales y tendrán "un resarcimiento económico de hasta 5300 pesos por una facturación incorrecta, una mala prestación, el incumplimiento en la oferta o en la publicidad del servicio", según explicó Gerardo Ingaramo, legislador del PRO en la Ciudad.
El macrista fue el impulsor de la nueva ley de Servicios Públicos Domiciliarios, que dispone el traspaso de competencias del Ente Regulador a los organismos descentralizados de la Dirección de Defensa de Consumidores y Usuarios. El legislador señaló que se busca "facilitar el ejercicio de los derechos de consumidores" mediante la incorporación de trámites rápidos que estarán parcialmente informatizados a fin de poder realizarlos (en parte) desde cualquier computadora.
"Antes de la sanción de esta ley las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios se encontraban protegidas por una gran confusión legal", aseguró Ingaramo y destacó que "mediante la incorporación de esta nueva herramienta se están fortaleciendo los derechos de los consumidores".