Cromañón: Fiszbin ausente en su alegato

Marcelo Faimberg e Ignacio Jakim son los abogados que expusieron el alegato a favor de la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, poco después de las 10 hasta las 15.20 de este lunes. Todo sin que ella estuviera presente.

En un principio intentaron victimizarla por la supuesta "campaña mediática en su contra" (algo que resulta llamativo porque justamente lo que le faltó al juicio fue la cobertura periodística), más los ataques de los familiares por un escrache de hace dos años a su domicilio y una reciente pegatina de afiches con el rostro de Fiszbin que se vio a lo largo de las principales avenidas de la Ciudad.

Luego vino la etapa que expuso Jakim, siempre con una sutil sonrisa. Deslegitimó a testigos, muchos de los que fueron funcionarios ibarristas y afiliados al Frepaso al igual que la imputada, entre ellos Horacio Santinelli, quien se refirió a la relación de los varones de la noche y las más altas figuras de la entonces gestión del Poder Ejecutivo capitalino.

Las querellas y fiscalía también fueron vapuleados por la defensa de la ex funcionaria que integraba las altas esferas del Gobierno y el grupo íntimo de la hermana del jefe de Gobierno. "Están buscando el pelo en la leche", aseguró.

Luego, la defensa de Jakim, actual abogado de Aníbal Ibarra en su condición de legislador en un amparo por un ex cine, se refirió a que el vencido certificado de bomberos antes del incendio "no cerraba la puerta, no arrojaba pirotecnia y no controlaba las mangueras".

La defensa de Fiszbin volvió a insistir con que la habilitación de Cromañón estaba vigente al momento del incendio. Ello pese a que los mismos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 24 desestimaron la prueba de la habilitación como válida.

Luego cargaron fuertemente contra el defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena, quien en su momento en varias oportunidades presentó notas a Fiszbin por la peligrosidad y la falta de control sobre los boliches. No solo Alimena fue denunciado en su momento por la ex funcionaria, aunque luego el juicio no tuvo sustento, en este juicio oral y público consideran "que no son alertas. Es algo muy genérico lo hecho por Alimena. El defensor fue quien jugó al gran bonete (en referencia a la teoría presentada en su alegato el fiscal Jorge López Lecube)".

Faimberg y Jakim, además, reforzaron la idea de "que su defendida no tenía conocimiento de Cromañón, ni de Chabán, ni Callejeros".

Por las contravenciones, prefirieron endilgarlas a la Policía Federal "por más esfuerzo que hagan los abogados hay antecedentes de comisaría que clausuraron boliches, como con Chicharrón la seccional 5°. Además, la policía no dio aviso a la fiscalía y menos al Gobierno"; y para alegar sospechas de complicidad con Cromañón sostuvieron que "no había denuncias sobre Cromañón". Se justificaron en que ni un fiscal adjunto, ni el defensor adjunto conocían Cromañón antes de la tragedia.

Por otro lado, en el juicio quedó en evidencia un expediente con la firma de Fiszbin que inició el sindicato de músicos contra los gerenciadores de Cromañón. Respecto de la falta de denuncia en la Defensoría del Pueblo sí existen presentaciones y fueron realizadas por los mismos vecinos de la manzana del boliche por ruidos molestos, por edificaciones ilegales, entre otras.

De la famosa aparición de una caja azul llena de intimaciones a boliches, los abogados defensores intentaron reflejar que "esto demuestra que tomó en cuenta lo que señaló Alimena". Cuando en realidad esas intimaciones aparecidas luego de la tragedia estaban en algún lugar oculto y fueron puestas adrede. Además se olvidó la defensa de referirse a los miles de expedientes, entre ellos del boliche República Cromañón, que se encontraron arrojados sin orden y análisis en una oficina del sexto piso en el mismo edificio de la entonces Subsecretaria de Control Comunal.

A los datos anteriores se suma los otros cientos de expedientes que fueron desechados en containers, y un operativo de inspectores y policías que fuera levantado súbitamente antes de llegar al boliche propiedad de Rafael Levy. Datos que fueron reflejados por los mismos protagonistas de los irregulares hechos.

Cromañón no era un estadio, o microestadio; "sí un local bailable", justamente en el que se realizó un recital que en una noche recaudó 50 mil pesos, a 10 pesos la entrada, y que los mismos abogados remitieron un memo policial en el que se refiere a una capacidad de 5 mil personas. "Fiszbin solo coordinaba grandes operativos y planificaba. No seleccionaba personal, ni participaba de los operativos", sostuvo Faimberg.

José Iglesias, querella y padre de una víctima respondió a la defensa en NOTICIAS URBANAS, al decir "que la hora en qué empezó su delito fue el 24 de noviembre con el vencimiento de la habilitación otorgada por bomberos".

También recargaron los abogados defensores sobre los otros ex funcionarios imputados, Ana María Fernández y Gustavo Torres. "La UPI", a cargo de Fernández, y "la Dirección de Fiscalización y Control", a cargo de Torres, contrataban personal y participaban de las inspecciones.