Se realizó la audiencia por el túnel de la 9 de Julio

La titular del Inadi y legisladora porteña electa, María José Lubertino, se presentó hoy ante el juez Guillermo Scheibler en el Contencioso Administrativo y Tributario número 13 para participar de la audiencia entre las partes convocada por el amparo presentado por ella, en conjunto con la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), con respecto al proyecto del Gobierno de la Ciudad de realizar un túnel de circulación por debajo de la Avenida 9 de Julio.

En la audiencia también estuvieron presentes los legisladores porteños Martín Hourest y Aníbal Ibarra, entre otros, autores de otro recurso de amparo sobre el mismo tema. Quién no pudo concurrir, sin embargo, fue el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que había sido convocado por el juez para que diera explicaciones sobre la iniciativa.

Según relataron a NOTICIAS URBANAS fuentes de la entidad que dirige Lubertino, en lugar del ministro acudieron representantes de la empresa de gestión estatal AUSA y de la procuración general local. También aseguraron que el magistrado se limitó a preguntar a los presentes sus dudas sobre el tema, basando su preocupación en la repercusión mediática que había tenido el tema, y dejó poco lugar a la discusión.

De acuerdo con las mismas fuentes, los representantes del Gobierno informaron sobre la situación actual del proyecto del parque norte, del cuál sólo quedarían en pie los estudios previos, y habrían fijado una fecha para una audiencia pública "para noviembre". Además se habría planteado una discusión acerca de a quién le correspondería cobrar el pasaje por el túnel en el caso de que se instalaran peajes, aunque por el momento éstos no estarían previstos en el proyecto.

Mediante un comunicado de prensa, Ibarra además aseguró que el Ejecutivo porteño "confirmó su intención de avanzar con la licitación y prorrogó para el día 30 de octubre la apertura de los sobres". Además señaló que "el proceso de licitación es absolutamente ilegal, porque AUSA sólo puede hacer obras sobre las vías que tiene bajo su concesión y nunca se la autorizó a realizar obra alguna bajo la avenida 9 de Julio".

En el mismo comunicado, Hourest señaló que "a Macri no le importa ni la justicia ni la Legislatura, no las tiene entre sus prioridades". "Hoy mandó funcionarios de segunda categoría y la licitación se abrirá nuevamente tarde, con lo cual una vez más Macri demuestra que no le importa lo que opine la justicia ni lo que opinen los vecinos", alegó.

Lubertino, por su parte, aseguró que pretende mayor "claridad" sobre el tema debido a que esta obra "es la punta de un iceberg en una dinámica que se ha constituido la lógica del Gobierno de la Ciudad: la filosofía de la empresa privada en el espacio público". Además atacó directamente a Chaín al asegurar que "no se animó a dar la cara, en tan impresentable exposición".

La legisladora electa agregó que "la ley 3060 es el meollo de la cuestión. La Constitución de la Ciudad dice claramente que hay que beneficiar el transporte público y no a una minoría que utiliza transporte privado. Una obra que implica dinero no sólo de este Gobierno sino de los que siguen, hay que evaluar en profundidad si vale la pena".

Específicamente sobre los túneles, Lubertino insistió sobre el carácter "inconstitucional" del proyecto. "El estudio de impacto ambiental presentado tardíamente por el Gobierno de la Ciudad no satisface las informaciones requeridas y la hipotética audiencia pública prometida aún no ha sido convocada", concluyó.