La auditora Josefa Prada alerta sobre la venta de un inmueble

Una de integrantes del Colegio de Auditores Generales la Ciudad, Josefa Prada, envío a la Legislatura porteña un escrito en el que se opone a la venta del edificio adquirido por el organismo hace unos años, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1249, sobre el cual deja entrever que "recaen intereses del sector privado".

Al respecto expresa ?su interés y preocupación? porque los legisladores se han referido al mencionado inmueble en más de una ocasión, señalándola- según indica el escrito- con nombre y apellido, como la única miembro, que se opone a la mencionada venta.

Dada tal situación, la auditora aclara que ?si bien la iniciativa de compra de una sede propia surgió a partir de una decisión del Colegio de Auditores Generales en su primera integración (1999-2003), fue durante la gestión del segundo colegio (2003-2007) que se realizaron los actos tendientes a concretar la ansiada adquisición?. Luego indica que ?con este objetivo se llamó a licitación pública, creándose distintas comisiones técnicas de evaluación edilicia, integradas por personal calificado de la Auditoría General, que intervinieron activamente en todo el proceso previo a la compra del inmueble?.

Posteriormente explica que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires tuvo incidencia ya que fue el encargado de tasar del inmueble, arrojando la siguiente conclusión: ?Se estima el valor de mercado considerándolo desocupado, libre de toda situación jurídico-litigiosa y libre de deudas para una operación de compra venta 5 millones quinientos mil pesos?. Finalmente la compra se realizó por la suma de $4.992.000.- pesos.

Además, sostiene el informe, que al momento de juzgar la conveniencia de la operación se tuvo en cuenta ?la excelente ubicación del inmueble, a metros de Avenida 9 de Julio, con la inmediatez de cuatro líneas de subtes (Líneas A, B, C y D), así como la fluida circulación de numerosas líneas de colectivos; una buena estructura de 4.800 metros cuadrados con dos subsuelos, aptos para cocheras y archivos; la adecuada y funcional disposición de sus núcleos sanitarios", entre otros argumentos.

En tal sentido, Prada manifestó que ?no se consideró alternativa institucional la venta del bien como camino de solución?. En contrapartida, señala, ?el criterio actual considera como única esa alternativa plasmada en oportunidad de la presentación del Presupuesto 2011 ante la Legislatura, momento en el que se expresó ?la voluntad de casi todos los auditores desde el inicio de la gestión".

En consecuencia, la auditora sostiene que ?queda claro que la mayoría de los integrantes del actual colegio nunca se planteó siquiera la posibilidad de encarar obras, sino que desde el principio de la gestión pensaron únicamente en la venta del edificio?.

Y finalizó su relato asegurando que ?le cuesta entender cómo un inmueble supuestamente inservible para su utilización por un organismo público puede resultar atractivo para eventuales interesados del sector privado, salvo que aceptemos el remanido slogan de la presunta ineficiencia del Estado en la administración y la gestión de los recursos?.