Musa: "Es un fallo vergonzoso"

La Corte Suprema de Justicia revocó la liberación en un plazo de 90 días, de todos los menores de 16 años alojados en establecimientos porteños, dispuesta en diciembre pasado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal a raíz de un Hábeas Corpus impulsado por la Fundación Sur.

"Es un fallo vergonzoso", aseguró a NOTICIAS URBANAS la asesora General Tutelar de Menores e Incapaces de la Ciudad, Laura Musa. "La resolución es además de una pobreza vergonzosa. La Corte ha constitucionalizado un decreto de la dictadura que permite que con los menores de 16 se pueda hacer cualquier cosa", remarcó.

La ley 22.278 establece que aquellas personas menores de 16 años imputados en alguna causa penal pueden ser encerradas en institutos especiales. Dicha norma fue declarada como inconstitucional por la Cámara de Casación remarcando que la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales con rango constitucional prohíben la privación de la libertad a menores no punibles remarcando que la prisión es la última ratio en las causas vinculadas con menores punibles.

Si bien la Corte remarcó que la legislación nacional debe adecuar las normas locales a los tratados internaciones y, en particular, a la Convención de los Derechos del Niño; Musa subrayó que señalar la necesidad de adecuación es insuficiente.

"Ni siquiera ha exhortado al Congreso a realizar tal adecuación en un tiempo breve. Estamos hablando de un hábeas corpus... Si hay algún chico no punible sobre el que se decreta su reclusión compulsiva esta Corte avala tal decisión", dijo Musa.

Y agregó: "Tampoco satisface lo solicitado a un Superior, ya que le dice a los jueces de primera instancia que respeten las garantías constitucionales de los menores y que tomen las medidas que crean necesarias para ello, incluso el dictado de su libertad".

El fallo, firmado por la totalidad de los ministros de la Corte, además de pedirle al legislativo la adecuación en la normativa y de dejar en los jueces libertad de criterio para respetar las garantías de los menores, insta también a los poderes ejecutivos a articular políticas para evitar la judicialización de menores que no estén imputados por delitos.