Según Campolongo, el Gobierno porteño restringió la autonomía de la Ciudad
El presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, Carlos Campolongo, dijo sentirse preocupado por recientes decisiones del Poder Ejecutivo de la Ciudad que “restringen la autonomía” del distrito en el control de los subterráneos. Así lo advirtió al contestar el traslado de una demanda que objeta la puesta en funcionamiento de la línea H de subtes, debido a la aparente falta de mantenimiento de los vagones.
El funcionario porteño cuestionó el reciente Decreto Nº 1482/07, que otorga un permiso precario a Metrovías para la prestación del servicio en la Línea H. En los considerandos de ese texto puede leerse que “la Comisión Nacional del Transporte (CNRT) deberá intervenir previamente al inicio de la prestación verificando que las condiciones del servicio sean correctamente adecuadas para su funcionamiento”. El Decreto, según Campolongo, ignora la Ley 210 de la Ciudad, que confiere al Ente Único Regulador el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la administración central, entre ellos el transporte de pasajeros.
En el escrito presentado ante el juez contencioso, administrativo y tributario, Juan Vicente Cataldo, el presidente del Ente Regulador también recordó el artículo 6º de la Constitución de la Ciudad, que señala que las autoridades municipales tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable para preservar la autonomía de la Ciudad establecida en la Constitución Nacional. “Subterráneos de Buenos Aires Sociedad de Estado (SBASE) es la encargada del cumplimiento de las normas de seguridad y operativas de los servicios autorizados y el Ente el que debe ejercer el control del servicio”, sostiene Campolongo.
En la presentación judicial, el titular del Ente asegura no poder cumplir con lo dispuesto por el Juzgado en virtud de que las reiteradas notas con pedido de documentación que el Ente envió a SBASE son ignoradas por ese organismo de la Ciudad, actitud que paradójicamente encontraría justificación en decreto del Poder Ejecutivo.
