Look, listen, learn and pay for all

El Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández -que depende del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad- continúa en el ojo de la tormenta. A las denuncias que se presentaron hace un par de años, en las que se afirmaba que la institución educativa cobraba aranceles cuando es de carácter gratuito, se suman más cuestionamientos por presuntas irregularidades.

El Lenguas Vivas (como se lo conoce comúnmente) dicta clases en tres niveles: primario, secundario y terciario. A raíz de los reclamos realizados por la comunidad educativa ante las autoridades correspondientes y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se inició un sumario administrativo que tramita desde agosto del 2003 en la Procuración General de la Ciudad.

Simultáneamente, la Auditoría General de la Ciudad, luego de realizar una investigación externa, se expidió con un informe en el que deja clara y contundentemente comprobada que en esa escuela habían ocurrido gravísimas irregularidades de diversa índole. Tanto es así que el auditor, Matías Barroetaveña, se presentó ante la Justicia denunciando penalmente esos hechos y se originó una causa que ahora tramita en la Fiscalía Nº 31 de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, bajo la carátula “Administración fraudulenta en concurso con falsificación de instrumento privado”.

Los hechos denunciados son, entre otros, el arancelamiento de una carrera terciaria y de los cursos de todos los idiomas, incluyendo español para extranjeros; el faltante de dinero en las arcas de la asociación cooperadora; la falsificación y adulteración de facturas y presupuestos; y el arrendamiento del último piso para alojamiento de extranjeros.

En diálogo con NOTICIAS URBANAS, un estudiante del Lenguas Vivas remarcó: “Además, se agregó un nuevo negociado. La utilización de edificio, bibliotecas, salas de computación, aulas y demás por parte de una consultora particular que ofrece a extranjeros, por Internet, los beneficios de tomar clases de español, nada más y nada menos que en nuestro instituto”.

Efectivamente, en la página de Internet de la consultora (www.goodayres.com.ar) se mostraban fotografías de las galerías y el frente del instituto y los precios de los cursos iban desde los 280 hasta los 315 dólares. Pero, aunque se descubrió el negocio -nuevo sumario de por medio-, la actividad continúa o, por lo menos, otra página web (www.iesabroad.org) sigue promocionando esta oferta para extranjeros.

Según un docente, “en todos los cursos los salarios docentes son abonados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el usufructo, que son cientos de miles de pesos, dólares y euros son para las dueñas de estos emprendimientos”. Consultada al respecto, la directora general de Educación Superior del Ministerio de Educación porteño, Andrea Alliaud, reconoció que “este es un tema de todos los días. Estamos al tanto de toda la situación y viendo la forma de resolver un problema tan complejo”.

Alliaud sostuvo que “legalmente no se puede cobrar un arancel por los cursos que se den en instituciones públicas pero la gente puede pagar un bono contribución para colaborar con la cooperadora, siempre en forma optativa”. Claro que aquí estamos hablando de cursos cuyos “bonos contribución” son obligatorios y, en algunos casos, superan los 300 dólares. A lo que debe sumarse que el informe de la Defensoría del Pueblo que motivó el primer sumario iniciado al Lenguas Vivas afirma que “hay alumnos que denunciaron que los amenazaban con no permitirles seguir estudiando sino pagaban la cooperadora”.

De todas maneras, una de las principales preocupaciones del Ministerio de Educación es analizar “si el gran aumento en la oferta de este tipo de cursos afectan la enseñanza gratuita y obligatoria que debe brindar el Instituto, ya sea en su calidad como en su cantidad”.

Asimismo, la Dirección de Cooperadoras está evaluando -a pedido de Alliaud- la situación actual de la cooperadora del Lenguas Vivas, a fin de analizar el destino que se le ha dado a los ingresos recibidos por los cursos. Según miembros de la comunidad educativa “los sueldos de los docentes no se han visto beneficiados ni tampoco la infraestructura del Instituto”.

Esta situación irregular motivó una serie de pedidos de informes de la Legislatura hacia las autoridades educativas de turno. El último de ellos fue promovido por el ex diputado macrista Juan Carlos Lynch, quien señaló en esa oportunidad: “Cuando está en juego el principio constitucional de gratuidad de la educación oficial de gestión pública y el prestigio de una institución de larga y excelente trayectoria por culpa de unas pocas personas que lucran con el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, no debemos permanecer pasivos aceptando la falta de celeridad de quienes tienen la obligación de actuar ante la ilegalidad, más cuando ésta fue auditada y probada por organismos como la Auditoría Interna de la Secretaría de Educación y la Defensoría del Pueblo”.

Por lo pronto, trascendió que -si bien no hay una notificación formal al Ministerio de Educación- el primero de los dos sumarios que, por el momento, pesan sobre el Lenguas Vivas ya tuvo dictamen de la Procuración de la Ciudad, y el mismo pediría una suspensión de 60 días para la directora del Lenguas Vivas, María Teresa Cañas de Davis.

Miembros de la comunidad docente del Instituto se mostraron más que satisfechos con el trabajo que ha realizado la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Ciudad para resolver esta problemática y, al mismo tiempo, reconocieron en la actual gestión del Ministerio de Educación, encabezada por Alberto Sileoni, “una gran predisposición al diálogo” y “una vocación por solucionar el tema”.

DESCARGO DEL LENGUAS VIVAS

Cada cual atiende su juego y cada parte tiene una opinión. Las autoridades del Lenguas Vivas aseguraron que el Instituto brinda dos tipos de cursos. Los primeros no son arancelados pero a los inscriptos se les solicita, como a cualquier otro alumno de la institución, una contribución.

Según aseguran “lamentablemente, el porcentaje de alumnos que contribuyen, de cualquiera de los niveles, primarios, secundario, nivel superior o de estos cursos de extensión, es bajo”. Asimismo, sostienen que los segundos son de incorporación reciente a las actividades de extensión del Instituto y que los inscriptos pagan sumas que son cobradas por la Cooperadora y que varían en función de la carga horaria y del nivel: cursos regulares de una hora y media dos veces por semana (35 y 38 pesos); cursos intensivos de dos horas reloj tres veces por semana (60 pesos); cursos que preparan para el First Certificate de cuatro horas reloj (55 pesos) y para el CAE de cuatro horas reloj (68 pesos).

Por otra parte, aseguraron: “Estamos en condiciones de afirmar que de ninguna manera la contribución a la Cooperadora se solicita de forma compulsiva. Ningún alumno de los distintos niveles de formación del Instituto, educación formal o cursos a la comunidad, ha dejado de ser inscripto o no pudo cursar sus estudios porque ‘no pagó la Cooperadora’”.

Y añadieron: “Cabe destacar que la Cooperadora de nuestro Instituto no existe sólo como un ente recaudador, en muchos casos es ella la que colabora: alumnos que solicitan un descuento en su contribución o directamente ser eximidos de ella, familias que piden ayuda para viáticos, para el almuerzo de sus hijos, para vestimenta o para comprar remedios por una enfermedad puntual”.