En el Hipódromo de Palermo, la ilegalidad corre más rápido que la justicia

En estos días que corren, cuando el invierno comienza a derramarse sobre los porteños, en el Hipódromo Argentino de Palermo -y dentro de él, en el Salón Torterollo- se sigue burlando groseramente la Ley Nº 538, que prohibe expresamente el funcionamiento de máquinas tragamonedas en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo grave no es sólo que 600 "tragaperras" vulneren una ley, sino la indiferencia de la que hacen gala los funcionarios que deberían hacerla cumplir.

Tanto es así, que quien se convirtió en el denunciante de esta situación por estos días es un representante de la provincia más austral del país y, por ende, del mundo: Tierra del Fuego. El diputado nacional Marcelo Dragan (Unión por Argentina) denunció la inexplicable acumulación de hechos que permiten que las tragamonedas sigan funcionando en la Ciudad de Buenos Aires.

"La táctica que utilizan -manifestó Dragan a NOTICIAS URBANAS- consiste en obtener fallos fuera de la jurisdicción del magistrado que dictamina. Esto les permite ganar un tiempo, durante el cual la actividad ilícita puede realizarse hasta tanto la justicia resuelva sus problemas de competencia y las instancias de apelación".

"Los fallos son, además, sin superior común. Como las presentaciones se hacen en distintas jurisdicciones, sin información suficiente, existen fallos contrapuestos de la justicia federal. Este es, claramente, un procedimiento irregular, tanto es así, que hay cuatro jueces federales que enfrentan distintas denuncias en su contra e incluso hay pedidos de juicio político para alguno".

"Mientras esto ocurre -denuncia el legislador nacional-, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hace nada para evitar una actividad manifiestamente ilegal. Aunque sea, debería hacerse presente en los lugares de juego para asegurarse de cobrar los beneficios que le corresponden al Estado de la Ciudad".

Desde la Ciudad le responden que este tema que ya llegó a la Corte Suprema -y tendría ya dictamen del Procurador- en caso de ser favorable, como esperan, le posibilitará revertir una situación que no fue creada por ellos, sino que justamente "como Estado de la Ciudad fuimos los principales pejudicados por esta seguidilla de picardías. La prueba está que si no nos hubiéramos ocupado, no hubiéramos llegado a la máxima instancia legal"

UNA HISTORIA INCREÍBLE

Como todo negocio sucio que se precie, éste también tiene una historia. El miércoles 16 de octubre de 2002, en el Hipódromo se instalaron 80 máquinas tragamonedas. Este hecho fue posible por un amparo que concedió el juez del fuero Civil y Comercial Federal, Luis María Márquez. Este juez está abonado a los fallos relacionados con el juego, ya que anteriormente había otorgado el amparo por el cual funciona todavía el casino flotante en el Puerto de Buenos Aires. El directorio de la Lotería Nacional y Casinos había autorizado la instalación de las máquinas, en una de sus asambleas -realizada el 12 de noviembre de 2002- que, según denunció en esos días el legislador porteño Miguel Doy, "son más clandestinas que muchos de los juegos prohibidos".

El 16 de octubre de 2001, la jueza del fuero Contencioso Administrativo Federal, Clara do Pico, había anulado el decreto 494/01, emitido por el presidente Fernando de la Rúa, que autorizaba el funcionamiento de las cuestionadas maquinitas. Este fallo quedó firme en los primeros días del año 2002, cuando fue ratificado por la Sala V de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Posteriormente, el 13 de septiembre de 2002, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Alejandra Petrella, había prohibido las "tragaperras" en el Hipódromo, haciendo lugar a un amparo que había presentado la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. Ésta se había enterado de que las máquinas iban a ser instaladas por medio de publicaciones periodísticas y por esta razón efectuó la presentación.

Las "tragaperras" lo mismo fueron instaladas, sin que los funcionarios políticos ni judiciales tomaran intervención ante este hecho, con una indiferencia que se parece mucho a la corrupción. Esto puede ser entendido si se observan las cifras que recaudan las inocentes maquinitas. Los que saben de estos temas aseguran que cada una de ellas recauda unos 250 pesos por día. Los 600 artificios mecánicos podrían recaudar entonces unos 150 mil pesos por día, lo que significaría una suma cercana a los 4 millones y medio de pesos mensuales. Un año de trabajo arrojaría una cosecha de alrededor de 54 millones de pesos. Todo esto, en el horario de 11 de la mañana a tres de la madrugada.