La fiscal retiró los cargos contra los activistas de Greenpeace
Finalmente, luego de varias idas y vueltas, a los ocho activistas de Greenpeace que habían escalado el obelisco para denunciar la contaminación que produce la basura de la Ciudad de Buenos Aires les levantaron los cargos penales. Se aceptó que se trata de un delito contravensional y cumplirán la pena impuesta por la jueza María Laura Martínez Vega a través de tareas comunitarias que realizarán en los Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad, instruyendo a los vecinos sobre cómo debe realizarse la separación en origen de la basura.
"La fiscal Claudia Barcia se vio obligada a modificar su acusación como consecuencia de la presión pública producida en los últimos días, que provocaron el envío de más de 35 mil pedidos al Gobierno de la Ciudad en reclamo del desprocesamiento de los activistas y ante la imposibilidad de sostener una acusación fundada en delitos inexistentes", sostuvo Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace.
La contravención, que no constituye un delito, tal como había señalado Greenpeace, determina que los activistas deberán realizar tareas comunitarias en los Centros de Gestión y Participación del gobierno porteño, donde informarán a los vecinos sobre la Ley de Basura Cero vigente y sobre cómo realizar tareas de reciclaje y separación de residuos.
Los activistas habían sido procesados por la Fiscalía número 6 dependiente del Ministerio Público del Gobierno porteño luego de que el pasado 30 de septiembre subieran al obelisco y desplegaran una pancarta en reclamo por la aplicación de la Ley de Basura Cero.
De este modo, ante la decisión de los activistas de ir a juicio y, ante la segura absolución de los imputados de haberse mantenido los cargos penales, la fiscal propuso a Greenpeace reencuadrar los hechos en una contravención.
Los ocho activistas de Greenpeace procesados, tres mujeres y cinco hombres de entre 20 y 43 años fueron acusados de "violación de domicilio" y "daño agravado", que podrían haber desembocado en una condena de prisión efectiva de cuatro años para todos los imputados.
