Agua potable: Piden a Telerman que defienda la autonomía

Pasadas las 16 de este jueves, los diputados del ARI ofrecieron una conferencia de prensa en la Legislatura porteña, en la que reclamaron al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, que -a través de la Procuración General- dé "inicio y prosecución a las acciones judiciales pertinentes a fin de defender la competencia del Estado de la Ciudad en materia de concesión y fiscalización del servicio de provisión de agua potable".

Con la mayoría de su bloque acompañando (sólo faltaron Pablo Failde y Liliana Parada), los diputados Fernando Melillo, Fernando Cantero y Enrique Olivera encabezaron la conferencia de prensa en la que el ARI presentó en sociedad el proyecto de ley que hoy mismo pedirán que acompañen sus pares. Como autores del proyecto, los tres diputados explicaron los fundamentos de tal pedido.

El principal orador, Enrique Olivera expresó largamente: "El hecho de que históricamente el servicio de aguas (ex OSN) haya dependido del Poder Ejecutivo Nacional no significa que deba continuar siendo siempre así en el tiempo, máxime después de la reforma del 94. De no ser así, la Ciudad se vería privada de la facultad de decidir sobre un servicio tan esencial como el de provisión de agua y claocas, tal cual lo hacen todas las provincias argentinas que no hayan delegado tal atribución en el Gobierno Federal, cuestión que no ha efectuado la Ciudad".

Y agregó: "No puede confundirse el ejercicio compartido del servicio de aguas entre diversas jurisdicciones -cuestión que debería regularse mediante convenios con la Provincia de Buenos Aires y los municipios involucrados- con la existencia de un servicio público regulado exclusivamente por el Gobierno Federal, tal cual se pretende imponer desde el Poder Ejecutivo Nacional".

Asimismo, los diputados alertaron: "En este sentido, al no existir contrato de concesión, no sólo se afectan las atribuciones de la Ciudad en materia de diseño y concesión del servicio público, sino que además se elimina la fiscalización y control. Con los decretos 304/2006 y 373/2006 dictados por el Gobierno nacional y sin contrato, la función de fiscalización del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) queda en los hechos eliminada, dado que no existe marco contractual objeto de control".

En tanto, Melillo fue más allá: "Estamos alarmados porque puede darse pie a una reprivatización encubierta, y peor aún, sin ningún tipo de control".

Por otra parte, el macrismo también presentó una iniciativa relacionada con la problemática.