La clínica del paco no tiene quien la cure

Los dispositivos sanitarios para atender a los adictos son varios dentro de la ley que se elevó recientemente a la Legislatura por parte del Gobierno pero, sobre el que más se puso el foco desde la administración porteña es la clínica del paco.

Lo que desconocían las crónicas periodísticas, a fines de diciembre último, sobre el plan gubernamental de Atención Integral sobre Consumo y Dependencia de la Pasta Base de Cocaína (paco), es que el edificio ubicado en avenida Independencia al 900, destinado a convertirse en un paraíso de recuperación para los paqueros, en realidad se encuentra ocupado por tres familias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) desde agosto último, y fue comprometido luego de un dictamen de Procuración de la Ciudad por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en calidad de vivienda transitoria a la organización nucleada dentro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

La ocupación no fue la única medida de la organización que busca saldar el déficit de viviendas. El 5 de enero, presentó ante la Justicia porteña, un recurso de amparo para que se defina el dilema por el inmueble.

El amparo judicial interpuesto a principios de enero por el MOI contra el Gobierno (expediente 23.975/06), según informó a este medio por el abogado del MOI, Oscar Mazover, se encuentra detenido por la feria judicial. "El fiscal de feria decidió que la medida cautelar no revestía la urgencia necesaria y que se podía esperar. Entonces el juez adhirió al dictamen del fiscal", expresó el experto en leyes.

Por lo tanto, las obras de acondicionamiento de la ex clínica Dussaut, necesarias para la atención a los consumidores crónicos del bazuco -así es conocido el paco también- no podrán iniciarse hasta tanto se expida la Justicia porteña. Por lo que parece, a principios de febrero saldrá la sentencia, que abrirá la instancia de apelación de alguna de las partes involucradas.

A treinta metros de Bernardo de Irigoyen, lindante con la avenida 9 de Julio, sobre la avenida Independencia se levanta el edificio en disputa. Desde la puerta se ve una fachada de mármoles negros y paredes de color blanco a medias, y un balcón del que cuelga una bandera. Los afiches que dan a la calle tienen las consignas "aparición con vida de Julio López", "plenario abierto por el derecho a la vivienda en la Ciudad y "en Buenos Aires no hay derechos humanos para los sin techos". La entrevista para conocer la opinión del MOI fue pactada con Leonor Rojas, referente de la agrupación que intenta torcer el brazo del Gobierno. Luego de tocar el timbre y que dos hombres dieran el ok para subir unos diez peldaños, comenzó la entrevista.

Leonor no estaba, llegó más tarde, aunque sí algunas mujeres adultas ocupantes. Ellas, unas diez, en círculo debatían sobre educación. "Desde marzo, cuando el IVC escrituró la clínica para nosotros, dispusimos un sereno. Este hombre al que nosotros le pagamos para que cuidara hasta tanto se dispusiera el traspaso oficial, nos llamó en agosto porque dos hombres del Gobierno querían ingresar. Después nos instalamos con tres familias", expresó Irma, quien descubrió en noviembre cómo otros dos hombres que dijeron representar al Gobierno porteño forzaban la cerradura. "En seguida llamé a los compañeros e impedimos que entraran. Nunca tuvimos un desalojo legal pero sí de palabra".

Las actividades del MOI y algunas de la CTA, la central obrera que integran, siguen realizándose en la ex clínica Dussaut. Es una clara señal de que el lugar no lo piensan abandonar fácilmente.

El titular del Ejecutivo, Jorge Telerman, tomó la decisión política, en plena campaña electoral, de instrumentar un plan que asista a los consumidores. El Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, a cargo de la ex periodista del diario pagina/12 Gabriela Cerruti, fue designado como el área que plasme el proyecto. La acompañarán otros tres ministerios: Gobierno, Educación y Salud.

"No queremos perjudicar al MOI. Es más, le proponemos otro lugar donde puedan vivir y tener sus actividades, pero parece que no comprenden la gravedad de la situación", informó el jefe de gabinete de Derechos Humanos y Sociales, Alejandro Mosquera, que pretende acelerar la resolución por la vía política con el MOI.

El proyecto gubernamental, según Mosquera, va contar con un Centro de Día en Flores, como también en otros lugares, y camas de terapia intensiva en los hospitales de la zona sur. La cobertura medicinal es uno de los ejes del telermismo. La prevención y la denuncia contra los narcos, es otro de los puntos que el Gobierno articulará con los habitantes de los asentamientos. En ese sentido, la semana que viene se prevé lanzar "Madres contra el Paco", un núcleo de vecinas villeras hartas de las bandas de lúmpenes armados y adinerados que comercian la alta cocaína o la baja, el paco.

Para el abogado y militante del MOI, Oscar Mazover, la actitud de la plana mayor del área de Derechos Humanos es "cerrada, interesándose sólo en su objetivo. Recurrimos a la Justicia porque no nos dejaron otra alternativa. Nosotros estamos en contra del consumo de paco, pero deben entender que la Procuración dictaminó a favor nuestro, lo que llevó al directorio del IVC, con una posterior resolución, a traspasarnos el inmueble como figura en la escritura. Además, la Comisión de la Vivienda de la Legislatura dictaminó también a favor nuestro y la Defensoría del Pueblo seguramente se expidirá en el mes de febrero".

Mientras se resuelve la pelea por la clínica, la asistencia a los adictos continúa siendo una deuda.