Tareas comunitarias para Greenpeace
El juicio contra los 8 manifestantes de la organización ambientalista Greenpeace acusados por "violación de domicilio" y "daño agravado" al desplegar un cartel gigante en el obelisco denunciando la contaminación que produce la basura porteña en el conurbano bonaerense, llegó rápidamente a su fin. Mientras la ONG convocaba a manifestar frente a la sede de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la calle Berutti al 3.300, rechazando el juzgamiento de sus militantes por delitos que podrían tener una pena máxima de cuatro años de prisión, la defensa de los 8 imputados (tres mujeres y cinco hombres) propuso ir a juicio abreviado, reconociendo culpabilidad, pero cambio de carátula por medio.
Según informaron fuentes judiciales a NOTICIAS URBANAS, la fiscal Claudia Barcia, aceptó reemplazar la carátula de "violación de domicilio y daño agravado", por la contravención establecida en el artículo 58 del Código Contravencional y de Faltas ("quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos a un mil pesos"). Concretado el acuerdo, y declinada la acusación penal de la representante del Ministerio Público Fiscal, la Justicia homologó el cambio de carátula y dictó sentencia.
La titular del juzgado Nº 29, María Martínez Vega, resolvió condenar a los 8 contraventores a realizar tareas comunitarias, 5 días por imputado, de 1 a 1:30 horas díarias, "según las necesidades del lugar".
Los trabajos estarán vinculados con las tareas habituales de los ambientalistas, y deberán llevarse a cabo en Palermo, Colegiales, Belgrano, Saavedra, Nuñez, Recoleta y Barrio Norte, barrios donde se localizan contenedores de basura, los cuales que no estarían siendo utilizados adecuadamente por los vecinos.
El fallo establece que los activistas deberán realizar tareas comunitarias en los Centros de Gestión y Participación del gobierno porteño, donde informarán a los vecinos sobre la Ley de Basura Cero vigente y sobre cómo realizar tareas de reciclaje y separación de residuos.
"Como venimos sosteniendo desde hace nueve meses, no hubo delito ya que no hubo daño a ningún bien público y no se violentó ningún domicilio porque en el obelisco no vive nadie", remarcó Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace. "Nos hacemos cargo de haber ingresado sin autorización a un monumento público. La política de Greenpeace es asumir las consecuencias de sus actos, pero de ninguna manera podíamos convalidar una acusación forzada por delitos inexistentes", concluyó.
El cambio de carátula no sólo benefició a los activistas que lograron conmutar la probable condena a 4 años de prisión por no más de 7 horas de trabajos comunitarios; con el acuerdo, el Gobierno de la Ciudad evitó en tiempo de campaña, críticas, manifestaciones y protestas de la organización ambientalista y de numerosas voces de apoyo que hubieran visto en el juicio, territorio fértil para declaraciones electorales.
