Las elecciones de la sospecha
Entre los legisladores oficialistas hay amplia mayoría a favor los partidarios de celebrar las primeras elecciones comunales en la historia de la Ciudad junto a las legislativas de mediados de 2009. Pero esa mayoría no se refleja en el Ejecutivo y no hay noticias de que Mauricio Macri se haya dado por enterado, Los entusiastas de no postergar más estos comicios argumentan que es improbable que más adelante el macrismo concentre tantas adhesiones como las que disfruta ahora, cuando todavía goza del estado de gracia derivado de los altos porcentajes con que fue plebiscitado en reemplazo de un progresismo exangüe, y de la sugestiva vista gorda de los grandes medios.
El razonamiento comienza a primar sobre la tendencia al inmovilismo de un Ejecutivo reacio a ceder competencias en juntas comunales cuya conformación, aunque sea un imperativo legal, no es reclamada por vecinos poco informados sobre las ventajas de dirigir sus reclamos y realizar sus trámites en una de las 15 alcaldías con autoridades electas que reemplazarán a los actuales Centros de Gestión y Participación (CGP).
Hasta ahora, dentro del Ejecutivo son legión los partidarios de postergar las comunales con diversos pretextos, como la falta de actualización de los padrones confeccionados por el Estado nacional, o el dispendio que estiman, supone erogar salarios de los 115 miembros de las juntas comunales (un argumento que se contradice -o no- con la decisión del mismo Ejecutivo de dar una gratificación extraordinaria de dos sueldos y medio a secretarios, subsecretarios y directores, quienes, sumando a sus sueldos ordinarios y el medio aguinaldo, se alzarán para las fiestas con una suma que oscilará en torno a los 40 mil pesos). Sin embargo, en los últimos días perdieron terreno ante los partidarios de no dejar la bandera de la descentralización en manos de la oposición.
Y es que el pasado fin de semana, Juan Manuel Olmos, lugarteniente legislativo de quien en los hechos se desempeña como jefe tanto del PJ como del Frente para la Victoria en el ámbito de la Ciudad, el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, reclamó la realización de estos comicios largamente postergados. Al hacerlo, Olmos explicitó una crítica que pareció tanto un cross a la mandíbula de quien fuera el principal referente de ese espacio (hasta su renuncia a la jefatura de Gabinete de Ministros del PEN), Alberto Fernández, sino también, elípticamente, al propio Néstor Kirchner. Porque -excepto que Olmos haya servido de vehículo de una suerte de inusual autocrítica del ex presidente-, sus dichos acerca de que el ascenso de Macri al gobierno de la Ciudad resultaron producto del "error estratégico" de haber permitido la división de las fuerzas "progresistas" en dos candidaturas (las del actual senador nacional Daniel Filmus y del entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman), no pueden sino salpicar a Kirchner, quien entonces se negó a respaldar a Telerman, que es lo que está haciendo ahora, entre otros motivos, porque de acuerdo a las encuestas, el ex jefe de gobierno parece el único candidato capaz de oponer resistencia -como cabeza de una lista que incluya a socialistas y radicales- a Gabriela Michetti, quien previsiblemente encabezará las listas del PRO y aliados.
"Respondimos a todos los requerimientos de (la jueza federal con competencia electoral María Romilda) Servini de Cubría, por lo que si no hay ninguna sorpresa, no tendremos pretextos para no hacer las elecciones junto con las legislativas", dice Cristian Ritondo. Cuando se mencionan la falta de voluntad que se observa en parte del Ejecutivo para convocar a las comunales, Ritondo pone la pelota en campo de la oposición. "Tiene que haber voluntad nuestra y voluntad de la oposición", y aclara que en lo que a él concierne, no sólo tiene claro que esas elecciones son un mandato constitucional, sino que "sería una tontería que no las convocáramos, ya que Gabriela Michetti ganará en las 15 comunas". Su absoluta seguridad en este batacazo se funda, dice, en que "la oposición está muy dividida y concurrirá a las elecciones como poco en tres bloques: los seguidores de (Elisa) Carrió, los de (Aníbal) Ibarra y los K, con lo que en el mejor de los casos obtendrán del 18 al 22 por ciento de los votos. Y como nosotros tenemos un piso del 40 por ciento?".
Sebastián Gramajo (Frente por la Victoria), se muestra alerta ante la decisión del Gobierno de subsumir las elecciones vecinales, en las legislativas, a fin de aprovechar la popularidad de Michetti. "El artículo 20 (de la Ley orgánica de las comunas, 1177) dispone con mucha claridad que para la votación de las Juntas Comunales, en caso de coincidir con la celebración de otras elecciones, "se habilitarán boletas u opciones separadas", recuerda el legislador, vicepresidente primero de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana.
"La ley indica que aunque se realicen simultáneamente, son dos elecciones. No se corta boleta, sino que se meten en el mismo sobre boletas distintas, con lo que la supuesta tracción de Gabriela Michetti se minimiza", se esperanza Gramajo, que advierte que el kirchnerismo porteño presentará batalla en cada barrio, sobre todo en los más humildes, donde no cree que el macrismo conserve intacto el predicamento que obtuvo a cambio de ?promesas que no cumplió".
Pero también teme que en el caso de que se convoque a elecciones comunales, se lo haga sin que la ciudadanía esté mínimamente informada sobre qué debe elegir y para qué. "La realización de las elecciones requiere primero un pronunciamiento de la Legislatura -en la que el PRO tiene mayoría?, y luego su convocatoria por parte del Ejecutivo. Y aunque la ley prescribe un adecuado proceso de difusión para que los vecinos sepan qué son las comunas, qué atribuciones tienen, cuáles son las ventajas de la división y qué es lo que van a elegir, yo no le veo al Ejecutivo 'uñas de guitarrero'. No veo que tenga la menor preocupación por ilustrar a los vecinos. Veo otros carteles, otras campañas, quizá necesarias, mucha letra 'H' y mucho 'jugá limpio', pero de las comunas no veo nada".
Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) es miembro de la Comisión de Descentralización y vicepresidente segundo de la de Presupuesto y Hacienda, ante la cual el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, dijo el martes que están previstos 35 millones de pesos para la realización de las elecciones legislativas de junio próximo. Ante preguntas del diputado Martín Hourest (Igualdad Social), el funcionario del PRO dijo que en caso de que el Ejecutivo se decida a convocarlas, ese dinero alcanzará para realizar conjuntamente las elecciones.
Abrevaya no apreció el menor entusiasmo en Montenegro, y le parece clarísimo que, en el caso de que se convoque a elecciones comunales, el Ejecutivo no prevé gastar un peso en difusión. Del mismo modo, observó que en el presupuesto presentado no se contempla invertir un peso en la hechura de los padrones correspondientes a cada comuna, lo que calculó a ojo de buen cubero que "es un gasto que no puede ser irrelevante, ya que los padrones deben ser exhibidos durante un plazo prudencial para que los vecinos vean si están bien incluidos en ellos o pidan cambio de domicilio, etcétera".
"Lo previsto es no hacer nada", sintetizó. Pero, a pesar de ello, estimó que lo más posible es que las elecciones comunales terminen haciéndose "porque el PRO es una marca que está muy instalada y ellos (los legisladores oficialistas) están convencidos de que van a ganar en todas las comunas".
El diputado subrayó que en cualquier caso, "está muy claro que Macri y sus colaboradores detestan los cuerpos colegiados", por lo que en el caso de que se decidan a convocar a elecciones comunales "intentarán por todos los medios desvirtuar el mandato constitucional y reducir el poder de los vocales" (de las juntas comunales).
La Ley orgánica de las comunas, nº 1777, incluida en la Constitución de la Ciudad, dispone en su artículo 25 que el presidente de cada junta comunal será remunerado con el 70 por ciento de los ingresos brutos totales de un legislador, y cada uno de los seis vocales con el 60 por ciento de los mismos.
Aunque es un imperativo constitucional, y en su momento sus partidarios votaron esa ley, Aníbal Ibarra puntualizó sus reparos acerca de la utilidad de que las comunas estén gobernadas por un cuerpo colegiado. "Fue una imposición de los radicales y peronistas, que querían meter su gente?, dijo, poniendo en duda que la pluralidad sea útil para un órgano esencialmente ejecutivo. Partidario de un ejecutivo comunal, introdujo un matiz al comentar que la junta quizá deba ser tan plural ?como la comisión directiva de un club de fútbol".
Orgulloso ex alumno del Colegio Nacional Buenos Aires, Ibarra comparte con Abrevaya la convicción de que "Macri y sus amigos del (colegio) Cardenal Newman (de San Isidro) odian someter sus decisiones a cuerpos colegiados", al punto de no creer que el Jefe de Gobierno vaya a convocar a elecciones comunales. "No quiere hacerlo y dudo que lo haga. Me da la impresión que, antes de cumplir con la Constitución, planteará la supuesta necesidad de reformarla", estimó.
Ibarra agregó que "hay que cumplir con la Constitución, poner en marcha las comunas y en todo caso después, con la experiencia de su funcionamiento, plantear las modificaciones que sean pertinentes", pero no incumplir el mandato so pretexto de introducir "modificaciones que no son trascendentes".
Abrevaya sospecha que, en el caso de convocar a elecciones comunales, el Ejecutivo intentará "alguna trapisonda" como disminuir o incluso eliminar las remuneraciones de los vocales de las juntas, de modo que tengan que ganarse la vida de otro modo y asistan como mucho a una reunión semanal en la que se limiten a convalidar lo actuado por el presidente de la misma. "Seguro de que ganará la presidencia de todas las comunas, Macri pretenderá que las juntas nazcan rengas en su capacidad de gestión y dependientes de sus presidentes".
(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 163, DEL 20/11/08)
