Las deudas legislativas para 2006
La tercera composición de la Legislatura porteña se abocó a sancionar una importante cantidad de iniciativas que venían siendo postergadas año tras año e incluso aprobó la Ley de Comunas, una deuda constitucional que se arrastraba desde octubre de 2001. Sin embargo, fueron muchas las normas que no pudieron ver la luz y esperan en el banco de suplentes para entrar a la cancha ni bien se termine lo que será el gran tema del verano: el juicio político al suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público respecto a la tragedia de Cromañón.
Sin duda, una de las iniciativas que despertarán la polémica será el proyecto de Ley de Educación Sexual que será duramente debatido en la Comisión de Educación donde también se deberá avanzar en el consenso de la Ley de Educación. En el artículo 24 de la Constitución se plantea que la Ciudad debe organizar un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.
Dentro de la reforma política, el tema más difícil de consensuar es la confección del Código Electoral porteño. La Ciudad de Buenos Aires, desde 1996, se basa en la legislación nacional para convocar a elecciones. El año pasado se logró consensuar un despacho en este sentido, pero finalmente quedó en la nada.
Otro de los proyectos que restan ser tratados por la actual Legislatura es el Plan Urbano Ambiental. Este plan se menciona en varios artículos de la Constitución, donde se determina la importancia de la iniciativa, que debe servir de marco para la normativa urbanística y las obras públicas. Este plan viene postergándose hace meses y parece que prevalecen -cada vez que va a ser tratado- los problemas entre los sectores intervinientes en la elaboración del proyecto final, lo que hace que todo vuelva a empezar.
Así como hay asuntos que no se han terminado de consensuar en sus comisiones de cabecera, hay otros que ni se han tenido en cuenta por la segunda conformación de la Legislatura. En ese sentido, nuevamente se pasó por alto la creación del Consejo Económico y Social, pese a que se encuentra presentada una importantes cantidad de proyectos fomentando su constitución. Según la Carta Magna, este órgano debe estar integrado por asociaciones sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social. Además, el artículo 45 establece claramente que el Consejo debe ser presidido por un representante del Poder Ejecutivo, que tendrá iniciativa parlamentaria y que deberá ser reglamentado por ley.
El resto de las iniciativas que duermen en la Legislatura son las leyes: de Talles, que propone que los comercios tengan ropa de todos los tamaños; de Ética Pública; de Patrimonio Arqueológico; de Presupuesto Participativo; de SIDA; el Código de Publicidad en Vía Pública; de Mobiliario Urbano; de Tribuna Popular y el Código Procesal Penal Contravencional, que está siendo reclamado desde hace varios meses por el subsecretario de Justicia y Trabajo, Javier Fernández Moores.
También se prevé un importante debate en torno a la sanción de un nuevo Código de Habilitaciones y Verificaciones. El Poder Ejecutivo aseguró que presentará el proyecto en los próximos meses para que se apruebe un nuevo Código en vez de seguir implementando parches. Esta iniciativa llega a poco más de un año de haber ocurrido la tragedia de Cromañón.
