Justicia: vacaciones forzadas
"Las alfombras de Aladino", se llama en el Fuero Contencioso de la Ciudad al caso de las vacaciones forzosas para tres jueces que fallan contra el Gobierno porteño. Quien decidió la llamativa feria judicial fue el Consejo de la Magistratura, a través de la resolución 862.
La medida se basa en la colocación de alfombras, que los jueces no solicitaron, en tres juzgados del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario (ubicados en la avenida de Mayo al 700, edificio que el año próximo vence el alquiler).
Lo llamativo que la medida forzosa, que llevó al retraso de cientos de expedientes, no pasó desapercibido porque entre los jueces vacacionados contra su voluntad está Andrés Gallardo (Juzgado Nº 2) y Patricia López Vergara. El magistrado Gallardo es quien ha sido vapuleado por el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por sus fallos con fuerte impronta social.
POSTURA DEL FISCAL Y UN JUEZ
Detrás de los números y papeles que conforman expedientes para los funcionarios judiciales están personas. Por ello 19 familias del asentamiento Los Piletones, unas 74 residentes, pidieron levantar la feria judicial, para ese sector del barrio de Soldati donde la Defensoría del Pueblo hizo un informe demoledor por las inhumanas condiciones de habitabilidad.
El pedido de los pobres cayó en manos del magistrado Guillermo Treacy. Éste decidió no hacer lugar a la solicitud de habilitación de la feria judicial forzosa.
Diferente fue la postura del fiscal Alfredo Guzmán, quien no solo remarcó la inconstitucionalidad de la resolución 862 del Consejo de la Magistratura, sino que también entendió, que de no declararse la inconstitucionalidad de la misma estaba suficientemente fundada la solicitud de apertura de la feria judicial por parte del magistrado Treacy, como garantía de la tutela judicial efectiva.
LAS MEDIDAS POR PILETONES
El juez Gallardo ordenó al Gobierno PRO resolver la situación habitacional de 19 familias y, además realizar obras para evitar la relocalización en el Piletón de nuevos moradores. Esta resolución data del 27 de agosto. La gestión de Desarrollo Social de María Eugenia Vidal incumplió las medidas judiciales durante más de 60 días y, además, a la fecha la gente sigue morando allí.
Ante ello se le trabó un embargo a la ministra Vidal de 11.200 pesos y al subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo, 6 mil pesos.
