Montenegro defendió la política de seguridad

En la sala de intersecretarías ya no entraba una sola alma más. Entre legisladores, periodistas, prenseros, cámaras, agrupaciones no gubernamentales y simples curiosos se había conformado una masa tal que hubiese merecido un espacio mucho más amplio como centro de reunión. La presencia de tantas almas, sin embargo, tenía su justificación.

Desde que se propuso su creación, la Policía Metropolitana ha ocupado un lugar tan preponderante en la agenda porteña que la visita del ministro de Justicia y Seguridad local, Guillermo Montenegro, para dar explicaciones sobre la designación del que será el jefe máximo de esa fuerza estaba destinado a tener una convocatoria similar a la que reuniría la interpelación a un ministro.

El nombre de Jorge ?El Fino? Palacios comenzó a resonar desde hace tiempo por los pasillos de la política porteña. Sin embargo fue solamente a partir de la confirmación del jefe de Gobierno local, Mauricio Macri, de que él sería el jefe de la fuerza policial capitalina que se convirtió en el principal punto de interés para la Legislatura.

Silvia La Ruffa, encargada de poner orden desde su rol como presidenta de la Comisión de Seguridad, dio finalmente inicio al encuentro, explicando las razones por las que se había requerido la presencia del ministro y recordando insistentemente las medidas de seguridad que se debían tomar por temor al contagio de gripe A.

La primera ronda de exposiciones fue para las organizaciones sociales. Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora hasta el CELS, todos los expositores coincidieron en su condena a Palacios. Las cuestiones mencionadas fueron las que se han reproducido incansablemente en todos los medios desde que se confirmó oficialmente la designación: La imputación por la causa de la AMIA, la acusación de su participación en los episodios de represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y su conversación telefónica con un sujeto condenado por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.

Entre las voces se destacó la de una familiar de las víctimas del 19 y 20 de diciembre, quien imploró entre lágrimas que ?por favor esta persona no asumo el cargo?. Principalmente se cuestionaron los criterios utilizados para el nombramiento de palacios, una postura idéntica a la que asumirían luego los diputados de la oposición que tomaron la palabra.

A su turno, Montenegro expuso los criterios que repetiría incansablemente a lo largo del encuentro. Primero destacó sus 35 años de carrera, durante los cuales jamás se lo investigó por temas de Derechos Humanos y se convirtió en ?el oficial más condecorado?. Además de hacer hincapié en su ?idoneidad para ocupar el cargo?, el ministro logró rápidamente llevar la discusión al plano que le interesaba: aseguró que los antecedentes de Palacios estaban limpios y que cuestionar su idoneidad a partir de una causa judicial no resuelta se contradecía con el principio de inocencia. ?Parece que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario?, ironizó el funcionario.

Continuando, Montenegro repitió las explicaciones ya difundidos por los medios en referencia a los tres casos que se vinculan a Palacios. Sobre el caso Blumberg, por ejemplo, aseguró que quien realizó la llamada inicialmente fue otro oficial y que la misma se realizó más de dos años antes de que se produjera el secuestro. En cuanto a la investigación del atentado, desligó al policía de la causa inicial y aseguró que los llamados que se le imputan fueron realizados con un celular a su nombre por otro policía que en ese momento no se encontraba bajo su mando.

?Ninguna de las acusaciones está probada ni hace mella en que es el mejor comisario para la policía de la Ciudad?, concluyó Montenegro, agregando luego que ?al margen de que judicialmente no hay impedimentos legales para su designación y que tiene los méritos suficientes para la misma?.

Fueron muchos los legisladores que tomaron la palabra para atacar la idoneidad de Palacios, aunque la mayoría de ellos se enfocaron en su relación con las causas y cuestionaron los criterios de elección. Tal fue el caso de Pablo Failde (FpV), quien enumeró una serie de ?elementos que ponen en duda la idoneidad de Palacios para el cargo?.

En este mismo sentido, la diputada Diana Maffía (Coalición Cívica), estableció una separación entre los ?impedimentos jurídicos? que desechó el ministro, y una serie de ?impedimentos morales? que dejarían a Palacios sin posibilidad de acceso al cargo. ?Hay cosas que no dependen de lo jurídico, sino de que el jefe de la policía nos de seguridad?, dijo la legisladora. Y agregó: ?El temor es el estilo de seguridad que se está construyendo?.

La única voz ajena al PRO que no aprovechó su momento en el micrófono para cuestionar la elección del jefe de la Policía Metropolitana fue la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini. La defensora sostuvo las afirmaciones de que ?la inocencia no debe probarse? y realizó un fuerte énfasis en la importancia de ?respetar el sistema de garantías y dejar de lado las sospechas?, más allá de cuales pudieran ser sus sentimientos personales hacia Palacios.

Además, consideró que se debe respetar la autoridad del Jefe de Gobierno para elegir a esta autoridad y que la culpa estaría más bien en no haber previsto una instancia de audiencia pública para que se discutiera abiertamente. Para cerrar aseguró que desde la Defensoría estarán atentos ?a que en la nueva policía no se repitan los vicios de la federal?.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Diego Kravetz, también adhirió a una línea similar. ?El motivo por que no queremos a Palacios en el cargo?, afirmó, ?es por lo que representa: Una Policía Federal acusada de represión?. Juan Cabandié, miembro del mismo bloque, también mencionó el tema de si la figura del comisario se adapta a los objetivos planteados por la ley que creó a la policía porteña.

Más adelante, el diputado Gonzalo Ruanova cuestionó la postura de Montenegro y aseguró que lo que este defendía era en realidad ?una manera de intervenir en la seguridad?. Luego argumentó que ?el tema de la seguridad es tan importante que no se puede dejar en manos de un policía? e invitó al mismo ministro a hacerse cargo de la fuerza y a asumir la responsabilidad de que en la misma hubiera conducción civil.

Por el lado de Diálogo por Buenos Aires, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, fiel a su pasado como fiscal, se apresuró a asegurar que ?nadie niega el principio de inocencia?, pero consideró que lo que estaba en discusión era más bien la decisión política. Eduardo Epszteyn, jefe del bloque, en cambio, se alejó de los temas discutidos e hizo mención de un enfrentamiento entre Palacios y ?otros sectores de inteligencia? y sostuvo que dicho enfrentamiento podría hacerse propio de la Ciudad si el ex policía federal se hiciera cargo de la fuerza.

Montenero contestó a todos ellos y en todo momento se mantuvo firme en su decisión de proponer a Palacios como jefe policial. Además habló de su relación personal con el oficial y al igual que la que mantuvo con el jefe de Gobierno en el pasado, llegando incluso a ser nombrado jefe de Seguridad cuando Macri era presidente del club Boca Juniors.

Sobre este punto fue que hizo énfasis el legislador Martín Hourest, cuestionando ?el uso de la confianza privada para la designación de cargos públicos?. El legislador opinó que la confianza en un jefe de Policía ?debe ser pública, pero en este caso como el Gobierno confía no le importa la opinión del público?. Para concluir aseguró que el rol paralelo de Palacios sería el de funcionar como nexo entre la nueva fuerza policial y la Federal.

El último en tomar la palabra fue el diputado Juan Manuel Olmos, quien pidió ?evitar entrar en cuestionamientos judiciales? y presentó la propuesta de lograr una modificación en la ley para que no puedan acceder a cargos de mando en la nueva policía las personas con ?procesamiento firme por delito doloso de acción pública?.

Acusaciones cruzadas

Al momento de hacer uso de la palabra, La Ruffa le efectuó al funcionarios preguntas dirigidas a supuestos encuentros con el juez Ariel Lijo para preguntarle sobre la situación procesal de Palacios. Montenegro rápidamente desmintió que hubiera existido un encuentro y aseguró que jamás le haría a un magistrado una pregunta de ese tipo sobre una causa que lleva adelante. Pero el tema no terminó ahí.

Cuando le tocó el turno de hablar al PRO Martín Borrelli, éste hizo un recordatorio de que el que estos cargos no se elijan por audiencia pública se debe a la constituyente y no a una decisión propia del gobierno actual. Pero lo picante llegó cuando cuestionó la ?información presentada en alguna pregunta, más vinculada con organizaciones de inteligencia que con los datos que pueda manejar un diputado?.

El libro de Palacios

Un tema que surgió durante las presentaciones de los diputados a pesar de no estar incluido entre las acusaciones habituales contra Palacios fue el del libro que éste publicó en 2003 titulado ?Terrorismo en la Aldea Global?. La primera en mencionarlo fue la legisladora Alicia Bello, quien, sin haberlo leído, citó al libro como referencia para tener en cuenta a la hora de evaluar la ideoneidad del comisario.

Montenegro, quien admitió que tampoco había leído el texto, se escudó en sus conversaciones personales con el jefe de policía y en el hecho de que a palacios jamás se lo hubiera acusado de haber cometido faltas relacionadas con los Derechos Humanos.

Más adelante, la diputada de Nueva Izquierda Patricia Walsh , la única que había estudiado el libro escrito por el policía, usó el texto de base para acusar a palacios de negar el terrorismo de Estado, de cometer errores e inexactitudes históricas y de calificar a las manifestaciones de diciembre de 2001 como terrorismo. Para concluir, aseguró que la lectura de la obra era una ?responsabilidad? para Montenegro previa a la postulación del candidato.