Bettina Castorino volvió a reconocer la pesada herencia recibida
Este miércoles, la Legislatura recibió una comunicacion del Consejo de la Magistratura, firmada por su presidenta, Bettina Castorino, que notifica "que en el curso del presente año no será posible constituir efectivamente y poner en funciones a más de seis camaristas, un fiscal de cámara, veinticuatro jueces, quince fiscales y diez defensores, por lo que la designacion por esa Legislatura de un mayor número de magistrados e integrantes del Ministerio Público puede acarrear múltiples problemas institucionales"
La imposibilidad de designar un mayor número de magistrados se origina en que los dos edificios comprados en forma directa en diciembre de 1999 y diciembre de 2000, sólo en uno -el de la calle Tacuarí- comenzaron las obras de refacción, en tanto que el otro -situado en la calle Hipólito Yrigoyen- no sirve para nada.
Un problema adicional será la lluvia de impugnaciones que se abaten sobre los concursos que realizara la anterior administración del Consejo, que tendrán que ser resueltas por las nuevas autoriades designadas. (Ver nota aparte)
"El edificio de Yrigoyen, en el estado que está, no nos sirve ni para poner una mesa de entradas", dijo Bettina Castorino, presidenta del organismo judicial, en ocasión de la visita que hicieran los consejeros a la Legislatura, justamente por estos temas.
De esta manera describió Castorino el estado del inmueble ubicado en Hipólito Yrigoyen 932, que los anteriores consejeros compraron a fines de 1999 para que fuera la sede de los nuevos juzgados contravencionales y de faltas, que aún no fueron creados. Por este edificio pagaron 1.550.000 de dólares, a los que habrá que sumarles el IVA y el 3 por ciento de comisión para la inmobiliaria. La adquisición fue realizada en forma directa bajo el argumento de "urgencia", algo que se está investigando en una causa penal a cargo del juez Ricardo Warley.
