El golpe de la caja

Sin duda, hubo un antes y un después de agosto en la conflictiva historia de la Policía Metropolitana. Y si bien esto tiene que ver con los mismos personajes, no se refiere
específicamente a las escuchas ilegales, o quizás de alguna manera sí. Veamos. Fue ahí cuando el ministro Guillermo Montenegro ?con Jorge ?el Fino? Palacios todavía al frente de la fuerza policial? se apersonó en la Dirección de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad que dirige Edgardo Cenzón, con todas las dudas a cuestas. Intuyendo lo que podía venir, el ministro pidió revisar en conjunto todo lo actuado, y ese instante fue el principio del fin para la gestión del contador Guillermo Rodríguez en el Ministerio de Seguridad. Con el aval del propio jefe de Gobierno Mauricio Macri, y también del Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y de Néstor Grindetti, el titular de Hacienda, Montenegro entendió que ya tenía el poder político suficiente para eliminar la práctica administrativa anterior y ponerla en sintonía con las verdaderas necesidades de la fuerza y la gestión. Todo comenzó en avenida Patricios al 1100, en donde funciona el Ministerio de Justicia y Seguridad, cuyo titular es el ex juez federal Guillermo Montenegro. La Policía Metropolitana, entonces a cargo de Jorge ?el Fino? Palacios, se encaminaba a ser una fuerza modelo, cuando se empezaron a tomar rápidas decisiones, sin mucho estudio previo. Desde Hacienda surgieron dudas acerca de la capacidad de planificación de equipamiento del grupo que encabezaba
Palacios, que se completaba con el segundo de la fuerza, Osvaldo Chamorro, y Guillermo Rodríguez, quien era el encargado de la Unidad de Organización y Administración de la Policía Metropolitana, lo cual, dicho en buen criollo, consistía en darle curso administrativo a las compras y a los expedientes iniciados.

Con tanta escucha, lo que no tuvieron en cuenta ni los jefes
policiales ni el civil Rodríguez ?quien curiosamente llegaba
procesado desde Nación por una causa de sobreprecios? fue que desde Bolívar 1, por orden de Horacio Rodríguez Larreta y el propio Néstor Grindetti, todos los movimientos económicos
de la fuerza eran monitoreados por la Sigaf (Seguimiento Integrado de Gestión Administrativa Financiera) y que los informes eran lapidarios en cuanto a la planificación de gastos y al cumplimiento de las normativas vigentes en la confección de expedientes. Por ejemplo, se detectó que el 90 por ciento de las compras se habían realizado por las formas 2.143 o 329, más conocidas como decretos de necesidad y urgencia (DNU), o sea, sin licitación.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron, en estricto off de record, que ?en los expedientes de compras de la primera etapa, las irregularidades eran muy comunes, sobre todo en lo que hacía a la justificación de las compras y otras falencias en los expedientes. Eso no quiere decir que en todos los casos hubo sobreprecios o compras dirigidas. En el caso de la adquisición de los primeros 15 Chevrolet Meriva pudimos comprobar que efectivamente el vehículo era el más barato del mercado?.

El propio ministro Montenegro coincide afirmando: ?Estábamos
buscando un monovolumen de puerta baja para poder descender más rápido del auto; es lo que se está utilizando, en este momento, en todas las ciudades europeas.

Obviamente, con esas características existe el Citroën Picasso, el Renault Scenic y, el más barato, el Chevrolet Meriva. Es un dato objetivo?. Algo más o menos similar
se puede decir de las motos Honda NT 700 que fueron elegidas ?ya hay 15 de, al igual que los Meriva, un total de 50? luego de evaluar también la Yamaha 1300, un fierro infernal en este rubro, obviamente mucho más caro.

Otra fuente inobjetable del Gobierno que estuvo en la determinación de los números de las primeras compras, confió a este semanario que ?la normativa de compras y las necesidades reales de la Policía Metropolitana no estaban
correctamente evaluadas ni en la realidad ni en la práctica administrativa. De hecho, se pagaron 100 mil pesos por 40 cascos, o sea 2.200 pesos cada uno; 1.300 placas con insignias salieron 295 mil pesos; las credenciales
magnéticas por 1.000 unidades, 70 mil pesos, a 70 pesos cada una. Pero lo peor es que, teniendo la Ciudad 35 hospitales, se hicieron 800 análisis clínicos radiológicos de los aspirantes que costaron 260 mil pesos. Todo esto se realizó sin licitación previa. Fueron compras directas?.

En la visita del ministro Montenegro a la Legislatura, el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) le cuestionó que ?(el Gobierno) le compra a empresas
que se inscriben en el Registro de Proveedores en los meses de abril y mayo, justo un mes antes de la adquisición. Esto debía haber llamado la atención de algún funcionario?.

También hizo cuestionamientos a los sobreprecios en los uniformes, a los que se sumó el diputado Gonzalo Ruanova (Espacio Plural), quien comparó la cifra actual con la compra de uniformes de la Guardia Urbana que él mismo dirigió. Inflación aparte, afortunadamente para la Ciudad en esta etapa no llegan a 40 los equipos completos comprados.

Desde el entorno de Montenegro aseguraron esta semana a Noticias Urbanas que ?los 35 patrulleros y motos que faltan, con los blindajes y equipamiento, la totalidad de los uniformes, las balas de las 800 pistolas Beretta compradas
en Italia por 680 mil euros (algo así como 3.600.000 pesos), los chalecos antibalas, obras de construcción varias y el equipamiento de laboratorio, son todas licitaciones públicas que empezaron en agosto y algunas llegan hasta fines de diciembre?. Por lo que pudo ver y acceder este medio,
continúa la metamorfosis del poder en Barracas: algo así como un borrón y cuenta nueva. La crisis y la desconfianza son las secuelas lógicas de lo que pasó. Ahora, Montenegro y Burzaco deberán definir un nuevo perfil de funcionamiento
que aporte a la solución y no al problema.