Los ocupantes desalojados defendieron la toma
Como efecto de una crisis habitacional que involucra no sólo a los empobrecidos, este sábado cientos de familias, cerca de 400 personas, muchas de ellas del Barrio Rivadavia I, decidieron instalarse en departamentos creados por el Gobierno de la Ciudad, en la calle Bonorino y Oceanía, aunque este domingo abandonaron la toma pacíficamente con la condición de ser incluidos en programas de emergencia habitacional.
Luego de que el sábado los vecinos ocupantes amenazaran con no abandonar el lugar el juez Horacio Azzolín, del juzgado de instrucción número 4, ordenó el desalojo. Las mayor parte de las personas aceptaron no resistir a cambio de ser beneficiados con viviendas sociales. Luego de poner fin al reclamo, el saldo fueron 52 detenciones.
Silvia, de 39 años, ocupó el departamento B de la torre número 4, y relató a este medio las intimidaciones que sufrió y la detención de su marido.
"La policía entró al departamento donde estaba yo con mi marido. Allí nos sacaron fotos y las huellas digitales. Primero nos separaron entre argentinos y extranjeros. Nos trataron como delincuentes cuando yo nunca tuve antecedentes y mi marido tampoco. Hace 22 años que vengo haciendo los trámites por la vivienda y no tengo respuesta", expresó entre lágrimas Silvia desde la casa de la dirigente villera Magtara Férez.
Magtara, cofundadora de la Coordinadora de Villas y Núcleos Habitacionales y titular de la Asociación Civil Bajo Flores, dice que "pone la cara por la gente" de su barrio porque "ellos no se robaron nada y ocuparon porque tienen necesidad desde hace años. Son familias argentinas que muchas veces viven tres y hasta cinco en una misma casa. No puede ser que se los detenga. No son delincuentes".
La pareja de Silvia que se encuentra detenido en la comisaría 50 se llama Hugo Lafuente. "No puede ser que lo metan preso. Es un vergüenza. Nosotros defendimos estos terrenos de la dictadura. Y ahora vienen a tratarnos así", aseveró Magtara, quien se movilizó hasta la comisaría 38 para conocer el paradero de muchos de sus vecinos. En tanto que Silvia expresó cómo vivió la toma: "Tenía tanto miedo por las intimidaciones de la policía que tuve una crisis de nervios y me descompuse. Me da verguenza que nos hayan tratados como delincuentes", finalizó Silvia que esta desesperada por conocer la situación de su marido.
Al momento del desalojo había 600 agentes de la Policía Federal, la guardia de infantería y la división perros, además de personal de Migraciones y del Instituto de la Vivienda.
La Coordinadora de Villas y Núcleos Habitacionales históricamente ibarrista ahora respalda, por lo menos sus principales dirigentes, a la gestión de Jorge Telerman.
