Mobiliario Urbano: Procesaron a los Terranova

Los titulares de Publicidad Sarmiento, uno de las tres empresas adjudicatarias del Mobiliario Urbano porteño, se presentaron a declaración indagatoria junto a funcionarios de Mendoza y Tucumán el miércoles y el jueves de la semana pasada. El expediente quedó en manos del juez Luís Rodríguez, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 49 interinamente, por licencia de su titular el juez Facundo Cubas.

Tras numerosas idas y vueltas, denuncias y amparos, el polémico contrato de Mobiliario Urbano porteño se terminó adjudicando en marzo de este año. El proceso licitatorio, plagado de inconvenientes, terminó en instancias judiciales a raíz de la recurrente queja por parte de la empresa Spinazzola, una de las empresas que históricamente se encargada de los refugios de las paradas de colectivos y que quedó fuera de las seleccionadas de uno de los contratos más costosos para el Gobierno porteño.

La empresa destaca, entre otras irregularidades, la presentación de "papeles adulterados" por parte de empresa Publicidad Sarmiento (una de sus competidoras); modificaciones en los términos del contrato por parte del gobierno porteño diez meses después de abierto el sobre 2 con los antecedentes de cada firma; y la irregularidad de Patricio Di Stéfano, hoy legislador porteño, pero ex miembro de la comisión evaluadora del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que participó activamente en el proceso de licitación. Según la empresa, Di Stéfano firmó un documento como si estuviera en el Ejecutivo cuando ya había asumido su banca en el parlamento local.

En cuanto al primer punto, luego de que el juez Facundo Cubas dictara el sobreseimiento de los hermanos Terranova en dos ocasiones, en febrero de este año la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó dicho fallo y con la firma de los jueces de la Sala VI, Julio Marcelo Lucini y Mario Filozof, el documento agrega por primera vez que "debe considerarse conveniente convocarse a Orlando Roberto y Eduardo Raúl Terranova, a Salvador Antonio Vidal (Municipalidad de Mendoza, y cuñado de uno de los hermanos) y a Isabel Salas de Páez (Tucumán)", para que se les tome una declaración indagatoria.

Mientras las empresas adjudicatarias del contrato de Mobiliario Urbano (además de Publicidad Sarmiento, PC Vía Pública y Grupo al Sur, ligada al secretario de Medios, Enrique "Pepe" Albistur, quien al igual que Spinazzola denunció por irregularidades a Sarmiento y al Gobierno porteño, pero desistió una vez adjudicado el contrato) desarrollan sus actividad, la declaración indagatoria se realizó el miércoles y jueves de la semana pasada.

Como resultado, el juez Luis Rodríguez, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 49 de forma interina por licencia de su titular, el juez Facundo Cubas, dictó este viernes el procesamiento de los Terranova, y también de los funcionarios Vidal y Salas de Páez. Tanto los empresarios como los funcionarios tiene tres días para apelar este fallo judicial que puede terminar en juicio oral.

Lo que viene en la causa es que si el procesamiento se mantiene firme, Spinazzola podría pedir la nulidad de todo el proceso licitatorio y, además, que se llame a declaración indagatoria a funcionarios macristas que fueron denunciados, como el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo; el ahora legislador Patricio Di Stéfano, y el director general de Política y Desarrollo del ministerio de Espacio Público, Tomás Palastanga.

"NOS ESTÁN PERJUDICANDO"

En declaraciones a NOTICIAS URBANAS, el titular de Spinazzola, Augusto Íbero Spinazzola, ratificó las denuncias contra Publicidad Sarmiento, y contra el Gobierno porteño. Es más, la firma también denunció en la justicia al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y como se señala más arriba, a Palastanga, Di Stéfano y al ministro Piccardo.

"Nosotros no vamos a dejar de luchar por lo que nos corresponde. Tenemos suficientes pruebas para demostrar que nos quisieron correr porque éramos la única empresa que trabajaba de manera seria. Por eso vamos a la justicia. Yo podría decir muchas cosas que sé, sobre la forma de trabajar de las demás empresas, de como se manejan con el gobierno, pero todavía no lo puedo demostrar", señaló.

Spinazzola, además, señaló que "jamás incumplimos con un contrato y menos usufructuamos a la ciudad pagando un cánon irrisorio como dijo Piccardo". "A nosotros nos perjudicó la aparición de los "chupetes" eléctricos, que se montan y desmontan con facilidad, y permitió la aparición de los Terranova, que perdieron la concesión por las pantallas verdes pero les dieron los "chupetes" por presión del grupo mendocino Bauzá-Dromi-Manzano", agregó.

Por último, aclaró: "Nosotros hicimos una oferta para hacernos cargo del mantenimiento de los refugios a costo cero, pero el gobierno prefirió elegir a una empresa que falseó sus papeles y antecedentes, y que cobra por sus servicios (cerca de 100 pesos anuales) para tener los refugios abandonados como los tiene en la actualidad".

El eje central de la denuncia contra la empresa de los Terranova es que presentaron documentación que certifica que cumplieron con contratos contraídos en ciudades de Tucumán y Mendoza, cuando en realidad los municipios decidieron dar de baja el servicio de manera anticipada. Ante la presentación judicial de Spinazzola, Publicidad Sarmiento se defendió alegando que los municipios no llevaron el tema a ninguna instancia administrativa. Otra irregularidad que se denunció fue que el 90 por ciento del capital accionario de Publicidad Sarmiento está radicada en la ciudad de Delaware, Estados Unidos, considerada por muchos como un paraíso fiscal, algo que está prohibido en los términos del contrato.

¿QUÉ ES EL MOBILIARIO URBANO?

Es un servicio público de la Ciudad, y uno de los contratos más onerosos del gobierno porteño. Comprende la colocación, mantenimiento y explotación comercial de los refugios de las paradas de colectivos, las pantallas verdes, los "chupetes", y los carteles transiluminados. Según los términos del contrato actual, cada una de las tres empresas adjudicatarias se reparten en tres la Ciudad para mantener y explotar todos estos servicios.

En cuanto a los refugios, que según informó Spinazzola serían cerca de 1350, según supo esta agencia la ganancia potencial en materia de publicidad ascendería a 4.050.000 de pesos mensuales, sin contar los gastos en mantenimiento y/o reparación. Una cifra más que interesante que explica la batalla legal y judicial entre las empresas y el gobierno.