Para un fiscal será delito impedir el tráfico de Buquebús
El fiscal capitalino Martín Lapadú se involucró en la polémica por los bloqueos e intimidaciones sorpresivas que los conjurados contra las papeleras pretenden poner en práctica en la sede de Buquebús, de acuerdo a la decisión colectiva aprobada por la asamblea (soberana) de Gualeguychú.
El letrado -a cargo de la fiscalía Nº 9- ordenó a la fuerza marítima "detener" las maniobras de los asambleístas entrerrianos, o sus aliados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), si llegaran a intentar bloquear el tráfico fluvial.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyo líder es Juan Carlos Alderete, a falta de alguna iniciativa más excitante, decidieron sumarse a las huestes mesopotámicas, que están a punto de arribar a Buenos Aires apretando cuchillos entre los dientes.
La medida judicial se tomó luego que la Prefectura Naval copara con cientos de efectivos las instalaciones de la Terminal de catamaranes, en la dársena norte de Puerto Madero, para evitar potenciales bloqueos o amenazas.
"Ya se han remitido al jefe de la Prefectura de la zona del Río de la Plata directivas expresas para controlar las manifestaciones en las puertas de Buquebús que obstaculicen el ingreso y la salida de las personas, o bien afecten al servicio de pasajeros".
"La Prefectura debe intimar al cese de la contravención, labrar actuaciones y si no obedecen, se procederá a la detención (de los revoltosos)", aseguró este jueves el fiscal.
El miércoles no hubo protestas pero nadie ignoraba la tensión (a la que se sumaban temperatura y humedad), acaso la verdadera razón para la inercia y el enojo de los turistos prestos a la playa, el ocio, el juego de azar, la infidelidad y con poca suerte, el robo de verano.
