La criminalización de los desalojados
Este lunes a las 11:30, frente al juzgado correccional Nº 4, ubicado en Carlos Pellegrini y Juncal, estuvieron los miembros de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) para solicitar que se extienda el plazo del desalojo de la vivienda ubicada en French 2685.
El lunes de la semana pasada las 23 familias que viven en la casa de la calle French vivieron momentos sumamente tensos con las fuerzas policiales al enfrentar la orden judicial.
Los manifestantes reclaman la solución al déficit habitacional, que según cifras oficiales, se calcula que alcanza a un universo de 500 mil personas. Después de pasar por el juzgado, los manifestantes fueron hasta las puertas de la Jefatura porteña para reclamar el fin de los desalojos y lograr que se efectivicen medidas por viviendas.
La familias denuncian que entraron al lugar alquilándole a un tal Carlos, que les cobró un depósito de 1.000 pesos y dos meses de 600 pesos a cada uno, para luego desaparecer. Tiempo después se inició un juicio por usurpación, que además de amenazarlos con el desalojo, según informaron desde CIBA, "pone en peligro su libertad y antecedentes personales, pues se trata de una causa penal".
Los ocupantes a su vez están nucleados en una cooperativa que tiene un proyecto de construcción de 130 viviendas, que por el momento se encuentra sin aplicación por decisión del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
