Boudou: “Macri se tiene que poner a trabajar”
El ministro de Economía y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, Amado Boudou, declaró hoy que "Macri se tiene que poner a trabajar", al analizar el fallo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. "Como ya dijo la presidenta, Cristina Fernández, las mezquindades políticas no pueden estar por sobre las soluciones de los problemas", agregó Boudou.
El juez Armella intimó a la ciudad de Buenos Aires a erradicar "total y definitivamente" las viviendas precarias que están a la vera del Riachuelo dentro del territorio porteño, en los próximos nueve días bajo pena de pagar una multa diaria por incumplimiento. En el fallo el juez compara la presentación de proyectos para el saneamiento de la cuenca Reconquista-Riachuelo, elevados por la Nación, 14 municipios bonaerenses y por la ciudad de Buenos Aires.
Boudou comentó que el plan "que nos instruyó la Presidenta", contempla "los estándares de celeridad exigidos" para dar respuesta a la "acuciante situación habitacional". El juez señaló en el fallo la "falta de compromiso y acatamiento de las decisiones jurisdiccionales por parte de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El funcionario nacional destacó que en la decisión el juez destaca que los "esfuerzos realizados por los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y la Matanza, demostraron que es posible reducir los plazos", mientras que "por sus características institucionales la ciudad de Buenos Aires debía haber tenido mejores resultados que los municipios".
El plan propuesto desde Nación y anunciado el 24 de enero pasado, dispone de 3.173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales para la Cuenca Matanza-Riachuelo. En la primera etapa, que es la que tuvo en cuenta el magistrado, el plan propone la construcción de 571 viviendas sobre el camino de sirga (o márgenes del riachuelo) en territorio de la provincia de Buenos Aires y 1.813 sobre la Ciudad.
Boudou remarcó que ya tienen detectado "más de 2.600 terrenos que son propiedad de la Ciudad y que se encuentran en la zona en cuestión", por lo que la administración porteña "no tiene excusas", concluyó.