La interna del Indoamericano

Según los investigadores judiciales más experimentados, que a causa de sus años de ejercicio están llenos de un cinismo venenoso, para poder sobrevivir el proceso de toda pesquisa tribunalicia y obtener un desenlace satisfactorio, lo único que se necesita es vivir según el arte de creer en la mentira. Esa premisa es imprescindible para entender los vaivenes que intervienen en la causa que trata de hallar a los responsables de las tres muertes ocurridas a comienzo de diciembre de 2010 en la ocupación del parque Indoamericano, ubicado en Villa Soldati.

Los que no poseen la virtud de hierro de nadar en medio de las falsedades no podrán llegar a revelar los nombres de los culpables de los crímenes. Y un ejemplo de las dificultades que existen para esclarecer el caso es la oposición del juez de Instrucción Eliseo Otero a investigar a los involucrados, lo que generó una guerra sin cuartel que lo enfrentó desde el inicio de la investigación con el fiscal Sandro Abraldes. Eso da como resultado que todavía no se sepa quien asesinó al paraguayo Bernardo Salgueiro, de 22 años, a la boliviana Rosemary Curapeña, de 28 (hechos ocurridos la noche del martes 7 de diciembre) y al boliviano Juan Castañeda Quispe, de 39 (asesinado el miércoles 8).

El más reciente de los cruces entre el fiscal y el magistrado se produjo el lunes de esta semana, cuando Abraldes reiteró que miembros de la Policía Federal torturaron a ocupantes del predio. Lo hizo cuando criticó la medida adoptada por Otero el martes 7 de junio, que procesó a seis integrantes de la Federal por el delito de ?vejámenes? y no de ?torturas?. Los policías procesados fueron: Roberto Alejandro Morales, Nahuel Iván Fernández, Facundo César Suárez, Patricio Máximo Sabah, José Miguel Fernández Rojas y Daniel Alberto Caloni. Los seis efectivos se enfrentan a penas que van de un año a cinco de prisión. Sin embargo, el fiscal insistió en que un grupo de policías aplicó torturas a un hombre que yacía indefenso y tirado, tal cual fue captado por las cámaras de un canal de televisión.

Abraldes presentó la apelación contra la decisión del juez, quien, como se dijo, procesó por vejámenes y no por torturas a los policías, y sobreseyó a otros, entre ellos a un comisario. El delito de vejámenes es mucho menos gravoso que el de tortura. Eso motivó el enfado del fiscal, quien considera que el magistrado actúa de una manera demasiado condescendiente con los uniformados de la Federal y de la Policía Metropolitana (PM) implicados en la causa y que, además, no profundiza la línea investigativa que relaciona a políticos de PRO con punteros barriales y barrabravas implicados en la usurpación.

?El juez ignora que la policía no está facultada ?por el solo hecho de ser policía? para golpear a los ciudadanos. La única excepción que habilita al personal policial a aplicar la fuerza física mínima e indispensable es aquella prevista como respuesta para vencer la resistencia de un sospechoso en el marco de una detención, supuesto que no se ha verificado?, manifestó Abraldes en un escrito dado a conocer el lunes. El fiscal agregó para fundamentar su posición que el detenido Emanuel Maximiliano Ríos ?estaba echado en el suelo? cuando fue golpeado por uniformados, por lo que ?resulta a todas luces ilógico sostener que el accionar desplegado por los imputados se inserta en el marco de una potestad ejecutada con exceso?.

Por último, objetó que los policías Alejandro Ismael Romero y Miguel Ángel Luna hayan sido sobreseidos pese a que intentaron impedir el registro por parte de las cámaras de TV. Y en el mismo sentido se expresó sobre el comisario Eduardo Rubén Pereyra, porque ?tuvo la posibilidad material de impedir la agresión al detenido, pero no lo hizo?.

Abraldes expresó: ?Romero y Luna prestaron una ayuda tendiente a que los autores del episodio eludieran las investigaciones de la autoridad. En concreto, procuraron facilitar su impunidad impidiendo a un camarógrafo el registro fílmico del damnificado y las lesiones que presentaba, al tiempo que lo acometieron alejándolo del lugar?.

El fiscal que investiga las muertes juntó numerosos testimonios de testigos que culparon a la Federal y a la PM por los tres asesinatos y en base a esas declaraciones y, en primer lugar, por los hechos de torturas, pidió en los primeros días de abril las detenciones del titular de la comisaría 48, Eduardo Pereyra; del principal Roberto Morales; del agente de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad) Nahuel Fernández; del agente Facundo Suárez, y del cabo de la Montada Patricio Sabah.

También pidió la indagatoria de otros cuatro efectivos de la Federal en el marco de la investigación de hechos de tortura y abuso policial durante los operativos en torno a la represión desatada por los efectivos del orden contra los ocupantes del Indoamericano. Abraldes puso la lupa sobre el caso de Emanuel Maximiliano Ríos, quien fue agredido delante de las cámaras de varios canales de televisión. Pero pese a esa solicitud de la Fiscalía, Otero no apuntó contra los federales y decidió derivar el expediente al Juzgado de Instrucción Número 47 a cargo de Mónica Berdión de Crudo, alegando conexidad con una causa que se tramita en ese juzgado y en la cual está involucrado uno de los integrantes de la Federal que figuraba en la requisitoria del fiscal. Pero este hecho fue rechazado por Berdión de Crudo, quien se negó a aceptar el complicado expediente que le enviaba su colega.

?Es evidente que Otero no quiere tener problemas ni con la Federal ni con ciertos sectores del gobierno kirchnerista y del macrismo, por esa razón rechazó todos los pedidos que le hizo la Fiscalía. Uno de los motivos de la guerra entre el fiscal y el juez son las presiones judiciales de los operadores K y PRO que pretenden sacar provecho del caso. Lo que hizo Otero fue volver a planchar la causa, ya que la acción que tomó es una clara medida dilatoria que no hace más que empantanarla. Porque debido al rechazo adoptado por la jueza del juzgado 47, tuvo que decidir la Cámara del Crimen, en este caso el tribunal superior de ambos magistrados, a qué juez le correspondía la investigación del Indoamericano?, le detalló a Noticias Urbanas un operador judicial que conoce la interna que se viene desarrollando entre Otero y Abraldes, luego de la decisión tomada por el magistrado para no imputar a los policías.

Finalmente la Cámara decidió que la investigación tenía que seguir en manos de Otero y a éste no le quedó otro camino que procesar a algunos de los policías. Para fundamentar la tesis de que la interna judicial tiene su origen en la política un camarista le dijo a NU: ?Otero ya había rechazado el pedido de detención contra el barrabrava de Huracán Julio Cappella, quien a pesar de ser filmado el 9 de diciembre con un arma de fuego apuntándoles a los ocupantes, le dictó la falta de mérito. Al liberar a Capella, el magistrado no tomó en cuenta que éste era empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la junta electoral del Sutecba, hijo de un puntero macrista que trabaja en Boca y sobrino de un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones contratado cuando Miguel Ángel Toma era ministro del Interior y el ahora presidente del bloque legislativo del PRO, Cristián Ritondo, su segundo?.

El trasfondo del caso vuelve a enfrentar a los K y al macrismo.