La Justicia dio la razón a los locos

En el año 1968 se inauguró el Hospital Infanto Juvenil de salud mental Carolina Tobar García, en el edificio que originariamente había sido destinado a la escuela de enfermería. Cuarenta años después, la escasa intervención gubernamental, el paso del tiempo y el incremento en la demanda de atención, dejó a la institución en una situación de abandono y crisis, tanto en materia edilicia, como profesional y de seguridad. En febrero de 2006, el asesor tutelar de menores e incapaces, Gustavo Moreno, denunció irregularidades en la institución, las cuales volvieron a ser expresadas y confirmadas en varias medidas cautelares. Días atrás, la Justicia porteña volvió a emitir un fallo ordenando al Gobierno porteño a resolver las problemáticas del hospital. En el texto de la resolución de la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, no sólo se confirmó lo ordenado en primera instancia, sino que cuestionó por las demoras, el abandono y el incumplimiento de ordenes judiciales previas, al propio Mauricio Macri.

"La vulnerabilidad social en la que se encuentran los pacientes del Tobar García, no admite más demoras. No es posible seguir sujetando situaciones urgentes a los holgados tiempos de la administración so pretexto de los plazos que tiene la burocracia para hacer funcionar su maquinaria. Es así que, la condena que aquí se dicta, se impone directamente al Jefe de Gobierno, como responsable de la Administración Pública y como uno de los más altos funcionarios que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Ciudad", expresa el fallo.

Los jueces Eduardo Russo y Mabel Daniele, remarcaron que "la situación en la que se encuentra este hospital, y el abandono que padecen los enfermos mentales -un sector absolutamente vulnerable de la sociedad- no es una problemática novedosa, sino de larga data".

A pesar de ser una problemática que se ha prolongado en el tiempo, manifestada en varias acciones judiciales, y con ordenes expresas de ser resueltas (remodelación edilicia, contratación de personal de enfermería y seguridad, y compra de insumos entre otras), aún no ha tenido solución.

"El GCBA ha tenido numerosas oportunidades y plazos para cumplir, fue citado a varias audiencias en primera instancia y ante esta Sala. Se han celebrado una inspección ocular y tres audiencias. Asimismo, se dictaron cuatro medidas cautelares dos de las cuales fueron confirmadas por esta Sala, una de ellas -referida al personal y al plan de evacuación- se encuentra incumplida. Igual suerte corrió la cautelar dictada, en esta instancia, el 3 de abril de 2009, la cual, tampoco se habría cumplido", dice el fallo.

Y agrega: "Es llamativo lo que sucede en relación a la presentación del cronograma de la obra pendiente, el GCBA no ha contestado la intimación oportunamente efectuada y, a su vez, el Ministerio de Salud, manifiesta que se trata de una competencia que corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano".

Respuestas deslindando responsabilidades de diversas áreas de Gobierno se remarcan en la sentencia. "Las designaciones que competen a la decisión del Ministerio de Hacienda, y por ello los órganos del Ministerio de Salud tampoco pueden efectuarlas. Otro tanto con el nombramiento del personal de seguridad para el hospital, ello sería competencia del Ministerio de Seguridad, en consecuencia, la Dirección Gral. Adjunta de Asuntos Jurídicos remite las solicitudes a esa área. Toda esta burocracia, tiene un solo resultado, el desamparo de los niños y jóvenes enfermos, así como también el de los profesionales".

Sobre la labor de los profesionales de la salud, los jueces hicieron un punto aparte, expresando su reconocimiento a quienes "aún en situaciones adversas, no claudican en el cometido de brindar la mejor atención posible a los pacientes".

Finalmente, los jueces subrayaron que la confirmación de las ordenes dictadas en primera instancia "no solo tiende a resguardar los derechos conculcados de los pacientes, médicos y del personal del Hospital Tobar García, sino que también procura a la postre, evitar que, por las irregularidades constatadas, sucedan hechos trágicos para la integridad física de las personas involucradas lo cual podría llegar a acarrear la responsabilidad de los funcionarios, por el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales".


Con este fallo, quedó firme la condena al GCBA a "adoptar las decisiones necesarias y oportunas, conforme sus atribuciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias a fin de solucionar, en un tiempo razonable, los problemas actuales de convivencia de los pacientes, los relativos a la seguridad de los pacientes internados, los referidos a la designación de profesionales médicos, enfermeros y administrativos, de evacuación ante incendios, de infraestructura edilicia, y todo lo atinente a la mejora y buen funcionamiento del Hospital citado".