Fernández contra Telerman, también en el caso Skanska

La acusación no es liviana ni gratuita y si acaso activada por la desesperación electoralista, podría funcionar, en el caso de no ser cierta, como un boomerang contra la administración Kirchner: porque no habló cualquiera sino Alberto Fernández, y no lo hizo en cualquier lugar sino en el Congreso.

Y más precisamente, en la Cámara de Diputados, en ausencia de las bancadas opositoras que habían pedido su interpelación, y a continuación de rechazar la supuesta connivencia entre el gobierno nacional y un negocio en el que supuestamente se habrían pagado "retornos".

Fernández dijo que recibió un "anónimo", que a su vez le permitió relacionar a la empresa Soul Group, vinculada a la compañía Infinity, que habría emitido cinco facturas correlativas a nombre del gobierno porteño, por presuntos servicios en materia publicitaria.

La imputación alcanzó el plexo de Telerman, pero no solamente: también cayó en la volteada Elisa Carrió, aliada del jefe de Gobierno.

Fernández recomendó que "sería bueno que quienes suscriben el contrato moral revisen lo que hacen sus socios porque han dicho que el caso Skanska iba a ser el tsunami del Gobierno nacional, y ahora es el tsumani de su socio".

Y agregó que "quienes juzgan las conductas del gobierno nacional no van a encontrarnos una factura de ese tipo. En ningún lugar aparece un vínculo claro entre (el gobierno nacional) e Infinity".

Esta última empresa es investigada por la presunta venta de facturas truchas.

"Se puede suponer que esas facturas pueden ser para pagar
coimas entre empresas privadas", también dijo el jefe de Gabinete.

Y consideró que hay "una operación de la oposición para mostrar a la sociedad que estamos frente a un gobierno corrupto. Si hay alguien acusado de cohecho en el gobierno lo vamos a echar de inmediato".

Y se corrigió: "Kirchner lo echaría en el acto" porque "el gobierno nacional tiene claramente una responsabilidad definida, cuando nadie detectó absolutamente nada".

Fernández dijo, a modo de final provisorio, que esas facturas se detectaron el año pasado en un allanamiento, pero que "durmieron en el despachos del juez (Javier) López Biscayart".