Pierini pone en duda la imparcialidad de los jueces

El caso conocido mediáticamente como "La masacre de Pompeya", llegó a juicio oral el 7 de mayo pasados y finalizó con la condena a 30 años de prisión a Fernando Carrera, acusado de robo con armas reiterado, homicidio agravado (tres hechos) y lesiones graves y leves agravadas.

A solicitud de la defensa del acusado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad participó del proceso oral como observadora de garantías. Este viernes, la defensora Alicia Pierini hizo público el informe sobre el caso, donde señaló una serie de irregularidades en la instrucción que finalizaron en una sentencia condenatoria.

"Esta Defensoría del Pueblo no se pronuncia sobre el fondo de las decisiones adoptadas, sino sobre la metodología previa a dichas decisiones y que seguramente fue condicionante para ellas, así como sobre el grado de vigencia de las garantías a los derechos humanos que el desarrollo de la causa puso de manifiesto", expresa el informe.

Acerca de la imparcialidad del Tribunal se señala que "aparece -en el caso- como dubitable" ya que "en la sentencia que condena a Fernando A. Carrera hay una apreciación general sobre la Policía que es una definición política y no jurisdiccional"; y cita al texto del fallo donde se manifiesta como "inadmisible que se opere con el prejuicio de que toda la actividad policial es mentirosa".

En una causa donde se sospecha y argumenta su "armado", debería tenerse en consideración la duda y no manifestar la confianza ciega en la institución policial.

Otro de los puntos donde la Defensoría subraya situaciones preocupantes es el referente a la labor de la Fiscalía de Pompeya, que tiene una mecánica de trabajo conjunta con la Policía Federal, "con excesiva delegación de funciones".

"No se observó la función garantista que debió cumplir la fiscalía, en tanto no se evidenció que hubiera realizado el menor esfuerzo por garantizar la idoneidad y legalidad de la prueba que casi con exclusividad aportó la Policía", consideró la Defensora.

Y sobre el accionar policial, el informe resalta: la persecución sin identificación y los disparos efectuados con armas de grueso calibre en una zona altamente transitada, dando muestras de "un procedimiento a todas luces desproporcionado al ilícito que se pretendió combatir (un robo de 750 pesos). También califica de "temerario" al procedimiento a cargo de la Policía Federal al basarse en una presunción "sin más datos para fundar dicha presunción que en la similitud de vehículo por marca, color y vidrios".

La prueba presentada durante el juicio advierte "numerosos vicios en el procedimiento policial posterior, tolerados buenamente por el Ministerio Público Fiscal ", como la recolección de testimonios al día siguiente, la conservación inadecuada de elementos (se perdieron unas supuestas gorras policiales secuestradas) y pericias poco convincentes ("el peritaje tuvo lugar bastante tiempo después del accidente y el coche había estado bajo la lluvia").

"La fiscalía y el Juzgado de instrucción debieron haber sido más rigurosos con la prueba a ofrecer, habida cuenta que, esta democracia ha optado por el sistema acusatorio –no el inquisitivo- y para acusar debe haber pruebas precisas y concordantes que echen por tierra la presunción de inocencia, madre de todas las garantías", manifiesta el informe. Y finaliza: "La debilidad en la vigencia real de derechos y garantías es demasiado grave como para dejarla pasar. En consecuencia, remitiremos estas páginas para su consideración a los funcionarios pertinentes y a la opinión pública, al tiempo que nos manifestamos dispuestos a trabajar junto con otras instituciones en pos de fortalecer el sistema jurídico de derechos humanos en su aplicación real y actual".