Nuevo veto de Macri
El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, sumó este miércoles un nuevo veto y se acerca al centenar desde que asumió su cargo. En esta oportunidad vetó la Ley 4073 que establecía regular y controlar la tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, almacenamiento, comercialización, distribución o cualquier tipo de transacción con precursores químicos en el ámbito de la Ciudad, creando para ello un ?Registro Público de Precursores Químicos?.
Según el decreto 47/12 esta ?Ley en análisis pretende legislar sobre una materia regida por la Ley Nacional N° 26.045?, que dispuso la creación del Registro Nacional de Precursores Químicos, en el que deben inscribirse las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes?
La Ley 4073, sancionada por la Legislatura el 1 de diciembre de 2011, establecía que la autoridad de aplicación de dicha norma, y el control de que las empresas se inscriban en el ?Registro Público de Precursores Químicos de la Ciudad? estaría en manos del Ministerio de Justicia porteño.
Sin embargo, según argumentó Macri en su decreto, la Ley Nacional plantea que ?el Registro Nacional de Precursores Químicos funciona en el ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra Narcotráfico, siendo ésta la autoridad de aplicación y fiscalización?.
Asimismo, el Jefe de Gobierno destacó que la Ley 4073 también se superpone a los establecido por la Ley Nacional N° 23.737, que sostiene que los delitos que puedan sucederse por el tráfico de precursores químicos ?serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances allí previstos?, pero como la Ciudad ?no adhirió a dicho régimen, las facultades legislativas, de fiscalización y de control en la materia resultan de competencia federal.
