Presentaron denuncias contra Cheeky

La presentación de las denuncias contra la empresa de ropa para niños Cheeky se dio a conocer en un sitio de relevancia política, como es la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, puntualmente el microcine.

Este martes minutos después de las 11 estaban sentados frente a un decena de periodistas de televisión, radiales y gráficos el ministro de Producción, Enrique Rodríguez, la titular de la Defensoría del Pueblo, Alicia Pierini, el referente de la cooperativa "20 de diciembre" Gustavo Vera, un representante de la Procuración de la Ciudad, Norberto Josovich, el subsecretario de Trabajo, Ariel Leutier, y una costurera que trabajo para la empresa denunciada.

La conferencia de prensa informó básicamente de dos denuncias presentadas este martes: la Defensoría del Pueblo amplió la causa que tramita el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, y la otra denuncia fue presentada por el Gobierno, a través de la Procuración, en el juzgado de instrucción n° 38 a cargo de Vilma López.

El ministro Rodríguez, a cargo de la policía de trabajo, comentó que "el sistema de trabajo en la industria textil que se está combatiendo es el que lleva al trabajo esclavo, clandestino y que viola normas internacionales. En total unos 300 talleres contabilizamos que no podían funcionar". Y añadió el funcionario que prometió terminar con el trabajo esclavo en 90 días que "este es un trabajo institucional que no persigue a las firmas", cuidándose las espaldas ante posibles reproches empresariales.

Según se informó en la conferencia de prensa la investigación contra la empresa de ropa para niños se basa en remitos de la firma, prendas con etiqueta de la marca señalada, y testimonios que demuestran la responsabilidad directa de Cheek S.A. de nombre fantasía Cheeky, con los talleres clandestinos en los que cientos de inmigrantes indocumentados padecen extensas jornadas laborales, con pésima paga y en condiciones deplorables.

La defensora del Pueblo sostuvo que esta mañana se presentó con patrocinio de Mario Ganora, una ampliación a la denuncia madre del año 2005 (caso Zalazar Nina) por un sistema de producción que genera perjuicios y viola los derechos humanos".

Pierini agregó que su trabajo es "una cruzada contra el trabajo de alta ilegalidad", que fuera denunciado en sus orígenes en el 2004 y que "lamentablemente la investigación judicial acumula pruebas de la Defensoría, Procuración y la Subsecretaría de Trabajo. Por la que no vemos un avance", conjeturó la ombudsman porteña cosechando los odios del actual mediático juez federal Norberto Oyarbide, sobre el que recae la investigación por los delitos cometidos por importantes empresas legales que se vinculan a talleres textiles clandestinos.

Por su parte Procuración pretende con su denuncia que la justicia penal investigue el modos operandi del sistema en donde "se genera el hacinamiento y existen pagas denigrantes y hasta se comprobó que hay menores trabajando", fueron las palabras del abogado Norberto Josovich que también deslizó la posibilidad de presentar el tema en instancias federales.

Tanto Enrique Rodríguez como Alicia Pierini reconocieron ante los medios de prensa el esfuerzo realizado por la cooperativa de trabajo "20 de diciembre" que funciona en un lugar que actualmente debe decidirse si se expropia para utilidad pública.

Gustavo Vera tomó el micrófono para recordar a las empresas ya denunciadas como Kosiuko, Lacar, Montay Ruty, y que varios de los proveedores de Cheeeky en blanco informaron que la empresa contrata de manera directa a los talleristas ilegales y que también se da el contrabando de prendas. Nuevamente la crítica al avance de justicia se hizo presente: "Oyarbide que esta con la causa por la triple A también debe ocuparse de los derechos humanos actuales. Apoyó la memoria y la justicia para el pasado pero debe darse en el presente. Acá maximalizan las ganancias de una manera obscena y según se comprobó con cámara oculta al costurero le pagan 0.30 centavos, al talleristas 0,70 y la empresa vende a 30 pesos una remera", fue parte de las palabras del referente de los costureros denunciantes .

En la legislatura se tramitan tres proyectos relacionados con el sistema de trabajo textil clandestino. Uno presentado por la socialista Verónica Gómez, elaborado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que hace referencia a la asistencia a las víctimas por trata de personas. Y otros dos proyectos del arista Facundo Di Filippo que pretende un cuerpo especial de policía de trabajo y la comisión de seguimiento del tema con representantes del Ejecutivo, Legislatura, cámaras empresariales, Defensoría e invitar a Nación.

Quienes no estuvieron en la Jefatura de Gobierno fue el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad y dependencias nacionales en el área de trabajo o derecho humanos.

Cheeky, propiedad de Daniel Awada, reconoció en un comunicado que trabaja con proveedores independientes e indicó que sus irregularidades le son ajenas, que en realidad por ley debe saber, pero que "asume el compromiso público de cesar en forma inmediata toda relación comercial que no cumpla estrictamente con la normativa vigente en el país". Algo que dejaría en la calle a un centenar de indocumentados.