La causa de la Autopista Illia sigue acumulando irregularidades

Como si no fueran suficientes las irregularidades que se produjeron en torno a la construcción de la Autopista Illia -que fueron tantas que NOTICIAS URBANAS publicó una larga serie de notas de investigación sobre el tema-, el 22 de octubre próximo el plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se reunirá para tratar, entre otras cuestiones, la conducta del juez Eduardo Dafflis Niklison, que en dos ocasiones fue el juez subrogante en esta controvertida causa.

En el mismo plenario, además, la Cámara deberá tratar la recusación que el ex concejal demócrata Marcelo Gey -cuya denuncia originó la causa y que también denunció a Dafflis Niklison- presentó contra los miembros de la Sala V Mario Filozof y Guillermo Navarro, quienes, según una noticia que publicó el diario Clarín el 9 de agosto, "tendrían un borrador del fallo que dejaría sin efecto la medida de Bergés, quien procesó en marzo a De la Rúa por presunto fraude en perjuicio de la administración pública a raíz de la renegociación del contrato de concesión de la autopista, cuando era jefe de Gobierno porteño". El problema, según el ex concejal demócrata, es que por esos días la causa aún no estaba en su poder, lo que les habría vedado la elaboración de un fallo basado en sus análisis.

UNA CAUSA CON JUECES ROTATIVOS

Desde que el juez Nelson Jarazo renunciara al juzgado N° 7 -donde está radicado el juicio- para ocupar un lugar en Tribunal Oral N° 1 de la Justicia Federal de La Plata, la causa fue atendida por al menos media docena de jueces. Uno de ellos fue Dafflis Niklison.

La actuación de éste fue cuestionada por Gey, que solicitó a la Cámara que evaluara la actuación de Dafflis Niklison -la denuncia fue por "retardo de justicia"-, basándose en que no citó a declarar a Nicolás Gallo -uno de los imputados-, en tanto que sí citó al presidente del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Roberto Echarte. Éste había firmado una pericia del CAI en la que se afirmaba que el precio que pagó el Estado porteño por la construcción de la autopista era excesivo. Esta simple afirmación incriminó directamente a De la Rúa y a otros funcionarios de su gobierno, como Gallo, Eduardo Delle Ville y Ernesto Marcer.

Posteriormente, Echarte, alegando que se encontraba convaleciente tras una operación, intentó desconocer su firma. Pero, al presentarse a declarar, afirmó que no lo comprendían las generales de la ley. Es decir, que no era amigo ni enemigo de ninguno de los imputados. Para desmentir esta afirmación, Gey presentó en el juzgado un aviso fúnebre por el fallecimiento de la madre de Gallo, en el que Echarte se solidarizaba con el compungido vástago. De ser aceptado este argumento se hubiera abierto el camino para el desprocesamiento del ex presidente, de allí la importancia de esta diligencia.

Otro de los puntos que cuestionó Gey fue que el magistrado tampoco llamó a su despacho a Aníbal Ibarra para que explicara por qué tardó 29 meses en quitarle a COVIMET -la empresa concesionaria de la Autopista Illia- el cobro de un peaje que era a todas luces ilegítimo. Esto le permitió al concesionario ganar alrededor de 25 millones de pesos en forma ilegal.

"Además -según relató Gey a NOTICIAS URBANAS- Dafflis Niklison declaró 'indubitable' la validez del Anexo XIV, que había sido autorizado por una firma no habilitada por el Gobierno para tal fin". Por último, el denunciante cuestionó que durante cuatro meses Dafflis Niklison no hubiera ordenado ninguna diligencia. Dafflis Niklison ordenó una pericia sobre el Anexo que nunca se realizó; inclusive él mismo, cuando retomó la causa unos meses después, dejó de lado la orden que él mismo había dado. No sólo eso, sino que tampoco ordenó ninguna otra diligencia. Por esta razón Gey lo acusó de "retardo de justicia".

Si el plenario de la Cámara considerara que las afirmaciones de Gey tienen asidero, remitiría los antecedentes al Consejo de la Magistratura de la Nación y entonces el futuro del juez cuestionado se vería seriamente complicado.

Pero éste es sólo uno de los aspectos que esconde una causa que tiene demasiados vericuetos. Gey considera que "sólo si el Anexo XIV apareciera y tuviera validez legal, De la Rúa podría ser desprocesado, porque el juez Bergés lo procesó por el pago de una deuda inexistente, cuyo detalle estaba contenido en el anexo mencionado, que no está agregado al Decreto 3135/98".

El empeño que ponen los abogados de Fernando de la Rúa, Fernando Díaz Cantón y Zenón Ceballos, para lograr su desprocesamiento no sería ajeno al juicio que se sustancia actualmente por la validez de la anulación del contrato de concesión de la Autopista Illia. Si De la Rúa consiguiera quedar fuera de la causa, sería más simple para COVIMET ganar un juicio que podría perder debido a las múltiples irregularidades que se cometieron desde que le fuera adjudicada la licitación.