Publicado: 27/06/2005 UTC General Por: Redacción NU

Polémica por el cierre de La Rural

Por determinación del juez Roberto Gallardo, el domingo no se pudo visitar el Salón del Automóvil del predio de La Rural. El secretario de Comunicación porteño, Daniel Rosso, criticó la decisión judicial. En cambio, la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, recriminó al Ejecutivo porteño. El denunciante dice que en La Rural existe una usurpación
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El Salón del Automóvil de la Rural, frente a Plaza Italia en el barrio de Palermo, fue cerrado el domingo pasado a raíz de una causa iniciada en el juzgado Nº 2, en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, a cargo del juez Roberto Gallardo (el mismo juez que clausuró recientemente el Normal 9 y que, en la causa de los hoteles, le retuvo el sueldo al jefe de Gobierno porteño). La determinación del juez se debe a una causa iniciada por un vecino, en el año 2000, por la contaminación en el pozo del predio y después de que se constatara que ni la pista ni el lugar tienen los papeles en regla.

Criticó la decisión del juez, el secretario de Comunicación Social porteño, Daniel Rosso, quien aseguró a NOTICIAS URBANAS: "No hay riesgo para las personas, el problemas de seguridad es ambiental. Diecinueve peritos este año comprobaron que el predio no implica riesgo alguno. Además, la instancia de habilitación en trámite no amerita la clausura. Desconocemos las razones de este juez, que trabaja de noche y con una sobreestimulación por los medios".

En cambio, en un comunicado, la presidenta de la Comisión de la Vivienda de la Legislatura, la diputada porteña Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires) aseguró: "Una vez más el Gobierno de la Cuidad deja librado al azar la suerte de los vecinos". La legisladora, este año presentó un pedido de informe al Ejecutivo porteño para que explicara cuáles son las medidas adoptadas con referencia al predio y la firma Ogden SA, que se debía responder en quince días. Agregó la legisladora: "Todo esto se encuentra incumplido, ya que jamás se recibió la respuesta de este informe".

El abogado que presentó la denuncia, Pedro Keselman, por su lado aseguró: "No hay habilitación" y que el predio se encuentra "usurpado". El conflicto se inició a raíz de la denuncia de un vecino por la presunta contaminación del gigantesco pozo que hay en el predio, en el que se iban a construir los cimientos de varias salas de cine. Esta obra fue declarada ilegal por la Justicia y por eso no se realizó.

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