Publicado: 08/02/2010 UTC General Por: Redacción NU

La Legislatura a la Justicia, contra la Justicia

Siguiendo los pasos del Ejecutivo, la Legislatura de la Ciudad presentó ante el Tribunal Superior de Justicia el planteo de un conflicto de poderes por las acciones judiciales tomadas en torno al proceso de designación de Daniela Ugolini como vocal del máximo tribunal porteño. El Tribunal declaró admisible el planteo y conexo con el impulsado por el Ejecutivo.
La Legislatura a la Justicia, contra la Justicia
Redacción NU
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En diciembre pasado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto para llevar ante el Tribunal Superior de Justicia porteña el planteo de un conflicto de poderes surgido a raíz de varias resoluciones judiciales que cuestionaron el proceso iniciado por el Ejecutivo de la Ciudad para la designación de la fiscal de Cámara Daniela Ugolini para ocupar el cargo vacante generado tras la jubilación del juez Julio Maier. Finalmente, el pasado jueves cerca del mediodía, el Parlamento porteño presentó su planteo ante al máximo tribunal de la Ciudad.

El viernes, el TSJ se reunió, declaró admisible el planteo y resolvió acumular el escrito al expediente ya iniciado por la Procuración al considerarlo conexo con la presentación realizada por el Ejecutivo.

"Nos presentamos como los directos perjudicados por el accionar abusivo de jueces del primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario", subrayó a NU el legislador PRO Martín Borrelli, resaltando que a partir de que la Legislatura toma la acción "el conflicto de poderes tiene más chances de resolverse favorablemente, ya que antes había dudas de si era procedente que el Ejecutivo planteara la medida".

Sobre el estado del proceso de designación de Ugolini, el ex presidente de la Comisión de Justicia señaló que "sigue vigente" ya que el TSJ "nunca se expidió sobre el fondo de la cuestión".

"Esta es la oportunidad para resolver el tema de fondo. Lo que podría resolver el TSJ es sentar una línea jurídica para limitar el accionar judicial sobre los diferentes poderes y establecer que la Legislatura no puede sufrir la intervención judicial durante un procedimiento", dijo Borrelli.

En el caso que los jueces que integran el TSJ rechacen los planteos realizados por el Ejecutivo y la Legislatura, podrían declarar que el procedimiento está viciado de nulidad y ordenar que el proceso vuelva a iniciarse.

"Esperamos que el Tribunal resuelva que todos los actos fueron válidos y legales", concluyó el legislador PRO.

El planteo de la presentación fue realizado por el abogado constitucionalista Alfonso Santiago (hijo), con la colaboración del director de Asuntos Jurídicos de la Legislatura, Juan Martín Alterini, y del legislador Martín Borrelli.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad oficiará en este caso como "abogado defensor" del Poder Judicial, situación que expondrá dificultades internas en dicha institución ya que entre los 9 consejeros que constituyen el Plenario existen posturas a favor y en contra del accionar de jueces contenciosos en la causa Ugolini.

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